El que fuera presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, comparecerá el próximo 26 de junio ante el juez en calidad de investigado dentro del caso 'Mascarillas', en el que se analizan presuntas 'mordidas' en contratos públicos de la institución provincial a través de una supuesta red de amaños en adjudicaciones de obras y servicios a empresas vinculadas.
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press señalan que el magistrado instructor, Manuel Rey Bellot, ha fijado ya un calendario de interrogatorios, tal y como avanzó en una providencia dictada el pasado 13 de marzo, a partir del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se desgrana la presunta implicación de hasta 43 personas investigadas en la supuesta trama.
De acuerdo con ese plan de diligencias, el también expresidente del PP de Almería será el último en declarar, junto a sus hermanos Juan Carlos G.M. y María Rosario G.M. La Guardia Civil los señala, junto con la sociedad familiar que administran, como presuntos colaboradores en la gestión de fondos públicos que habrían sido desviados y empleados para la adquisición de propiedades de García y otros gastos de carácter personal.
La ronda de citaciones comenzará el 28 de mayo, fecha en la que está llamado a declarar el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, así como el empresario Kilian L.S. A ambos se les atribuye el núcleo de la primera fase de la investigación, centrada en la compra de material sanitario por valor de dos millones de euros durante el momento más crítico de la pandemia de covid-19 y en una supuesta 'mordida' de 900.000 euros ligada a dicho contrato.
El 4 de junio deberá comparecer el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quien figuraba como investigado desde el inicio de la causa, aunque no fue detenido hasta noviembre de 2025. Él, junto con Óscar Liria y Javier Aureliano García, integraba un grupo de Whatsapp denominado 'Naranjito' en el que, según los investigadores, habrían intercambiado mensajes en clave utilizando lenguaje odontológico para referirse a presuntas comisiones.
A partir de esa fecha, el instructor abre una nueva etapa de interrogatorios centrada en el entorno de Liria y en su presunta red de colaboradores, con la que habría obtenido fondos de forma irregular mediante la adjudicación de contratos de la Diputación.
En este marco, se ha fijado para el 5 de junio la declaración de su hermano F.J.L.S. y de varios empresarios, mientras que el 11 de junio está citado el exalcalde de Fines, tío de Liria, Rodrigo Sánchez Simón. Ese mismo día también deberá declarar su hijo, sobre el que pesan sospechas en relación con sus contratos con la Diputación a través de sus empresas.
Los interrogatorios, centrados sobre todo en empresarios que supuestamente estarían relacionados con la trama, continuarán los días 12, 18, 19 y 25 de junio. Entre los citados figuran responsables públicos como el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez; la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos, Marta Sánchez de Puerta; o el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez, que declarará el último de esos días.
El juez instructor, que está pendiente de la resolución de varios recursos para poder citar a otros siete investigados, ha acordado tomar declaración a los 43 señalados en el informe de la UCO, documento en el que se detalla el papel que habría desempeñado cada uno de ellos. Entre los investigados se encuentran 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 mercantiles, además de diez cargos públicos y familiares.
El magistrado ha optado por avanzar en la instrucción mediante estas declaraciones mientras se ultiman los informes sobre los volcados de teléfonos móviles solicitados a comienzos de año, sin descartar que puedan convocarse nuevos testigos conforme se analice esa información.
En febrero, el juez reclamó a la UCO que identificara de forma clara a cada investigado mediante una breve reseña, con el fin de precisar la participación que se les atribuye y las posibles calificaciones delictivas.
El informe policial distingue tres grandes líneas dentro de la supuesta trama: la adquisición presuntamente fraudulenta de material sanitario en 2020 por un importe de dos millones de euros; las presuntas mordidas en contratos de obras de la Diputación; y los vínculos que habrían permitido el movimiento de dinero en efectivo entre algunos de los implicados, con un papel central del expresidente de la institución provincial.
En este último apartado, la UCO limita a los responsables públicos los indicios sobre una "aparente existencia de un flujo de dinero en efectivo de supuesta naturaleza ilícita" con García al frente, en su condición de presidente de la Diputación, pero también con sus dos hermanos, la sociedad familiar que administraban, Giménez y Liria como partícipes, a los que se suma el empresario Kilian L.S.
Para los investigadores, hay indicios de que, en determinados casos, Liria habría actuado "como intermediario en el cobro de las comisiones", de forma que habría sido él quien recibiera inicialmente los fondos para, posteriormente, hacerlos llegar al resto de cargos públicos.