El exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, ha rechazado que Koldo García, antiguo asesor en Transportes, tuviera capacidad para imponer la adquisición de mascarillas a Soluciones de Gestión, la compañía vinculada a la presunta trama de corrupción. También ha negado que interviniera en la fijación de precios o en el cobro de comisiones. "No hubo ningún problema de legalidad", ha declarado ante el Tribunal Supremo en la vista del caso.
Durante el interrogatorio, la abogada de Koldo García le ha planteado de forma directa al que fuera número dos de Fernando Grande-Marlaska si su cliente podía ordenar o sugerir la contratación con Soluciones de Gestión, o si en algún momento insinuó la posibilidad de percibir comisiones por esas operaciones.
"No, en absoluto", ha respondido Pérez, descartando que recibieran "indicaciones específicas" de Koldo, más allá de unos "contactos iniciales" con él para explorar la opción de adquirir mascarillas de la empresa vinculada con la presunta trama.
El exalto cargo ha insistido en que "se cumplió con la legalidad vigente de los procedimientos de contratación por la vía de emergencia, se recibió el material y se usó para lo que lo habíamos contratado", subrayando que todo el proceso se ajustó a la normativa en su declaración como testigo ante el Supremo.
Ha explicado además que se optó por contratar con Soluciones de Gestión a un precio inferior al que abonaron después otras administraciones, y que Interior también recurrió a otras compañías, debido a la "necesidad absoluta" de proveer "millones de unidades" de mascarillas para policías, guardias civiles y personal de Instituciones Penitenciarias.
Línea de suministro desde Transportes
"Tuvimos conocimiento de que el Ministerio de Transportes tenía línea de compra de mascarillas y lo pusimos en mano de nuestros organismos técnicos", ha relatado Rafael Pérez a preguntas del abogado del exministro José Luis Ábalos, aunque ha admitido que no puede precisar quién informó en Interior de esa vía de suministro abierta por Transportes.
El exsecretario de Estado ha acotado el rol de Koldo García a una función de mediación muy limitada en relación con los contratos de mascarillas gestionados por Interior, si bien ha reconocido que sí existieron "contactos iniciales" con el exasesor de Ábalos.
Según ha detallado, "indicaciones específicas para habernos obligados a contratar con esa empresa, no; sí hubo contactos con el señor Izaguirre en el momento en el que tuvimos conocimiento de que en el Ministerio de Transportes tenían esta línea de suministro; hubo unos contactos iniciales, pero no unas indicaciones para que contratáramos concretamente con esta empresa".
En su comparecencia, ha reiterado que el precio de las mascarillas que adquirió Interior fue inferior al que más tarde abonaron otras administraciones autonómicas y locales. "El precio no era exagerado", ha remachado.
También ha asegurado que, mientras fue alto cargo en Interior, no tuvo noticia de que Ábalos estuviera siendo investigado cuando ya era diputado en el Congreso. "No tengo que tener conocimiento de investigaciones que se lleven a cabo", ha manifestado al ser interpelado por el letrado del exministro y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía ha decidido no formular preguntas al testigo, mientras que la acusación popular se ha centrado en tratar de aclarar quién trasladó a Interior la existencia de la línea de compra de mascarillas gestionada por Transportes. "No le puedo concretar, nos implicamos absolutamente todo el equipo del Ministerio", ha respondido Rafael Pérez, insistiendo en que fueron los órganos de gestión de Interior quienes asumieron la tramitación y que a él no se le "concretó el nombre de ninguna empresa".