El exrector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo Urroz, sostuvo este lunes ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde se le juzga por un supuesto delito de prevaricación administrativa, que su actuación se limitó a rubricar una convocatoria de plazas para la selección de personal docente en diciembre de 2017 en el departamento de Tecnología Electrónica, un procedimiento que fue objeto de denuncia por presuntas irregularidades.
Romo comparece en el banquillo junto a otros cinco responsables de la universidad a raíz de la querella presentada en 2019 por un particular, que denunció supuestas anomalías en la adjudicación de esas plazas de acceso a puestos docentes.
En la vista oral, la Fiscalía ha optado por no formular acusación al entender que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la acusación particular, representada por el letrado Marcos García Montes, reclama hasta tres años de inhabilitación para el exrector.
Durante su testifical, Romo ha manifestado que, en su condición de rector, se limitó a firmar la convocatoria de diciembre de 2027 de plazas de cuerpos docentes, derivada de los Presupuestos Generales, que imponían la obligación de regularizar puestos que hasta entonces estaban cubiertos de forma interina.
En este contexto, ha precisado que la Universidad Carlos III puso en marcha un total de 31 concursos para proveer 39 plazas repartidas entre distintos departamentos, insistiendo en que todas estas actuaciones se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable.
Igualmente, ha insistido en que no integró ninguna comisión de selección ni tuvo intervención directa en la misma “ni antes, ni durante, ni después” del procedimiento, aunque ha admitido que conocía a algunos integrantes por ser docentes de la propia universidad.
Los demás acusados han remarcado que los criterios de selección de profesorado son “inamovible, están sujetos a ellos y no pueden ser manipulados”. “Son los mismos en todas las universidades y tienen un carácter internacional”, ha enfatizado uno de los procesados, mientras que otro ha incidido en la obligación de aplicar dichos criterios sin margen de discrecionalidad.
En su escrito, la Fiscalía interesa la absolución de Romo y de los otros cinco altos cargos de la institución académica por las supuestas irregularidades en la adjudicación de plazas de trabajo en la Universidad Carlos III.
Proceso de selección y denuncia del candidato
De acuerdo con el relato de la acusación pública, el consejo de gobierno de la Universidad Carlos III acordó el 13 de febrero de 2018 la creación de una Comisión de Selección integrada por los otros cinco investigados, con el cometido de elegir, mediante concurso, a profesores pertenecientes a los cuerpos docentes de la universidad.
La Fiscalía destaca que no consta que se presentaran impugnaciones contra la convocatoria. Las pruebas de selección se realizaron conforme a las bases fijadas y concluyeron con una resolución, publicada en el BOE, por la que se nombró a tres candidatos seleccionados.
El querellante, que participó como aspirante en este concurso universitario, no fue elegido, “entendiendo que sus méritos fueron postergados por razones espurias, consistentes sustancialmente en presumir relaciones personales de colaboración asidua entre los miembros de la comisión examinadora y las candidatas seleccionadas, abriéndose la vía de impugnación en el orden administrativo y contencioso-administrativo, pero él optó asimismo por ejercer la acción penal”.