Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', ha manifestado este miércoles ante la sección quinta de la Audiencia de Valencia, en calidad de testigo, que no manipuló las grabaciones que facilitó a la exdiputada de EUPV y exconsellera Rosa Pérez Garijo, denunciante del caso. Según ha relatado, estos archivos los localizó en un ordenador situado en su casa de campo en Xàtiva, un equipo que también utilizaba su entonces yerno.
Esas grabaciones originaron la causa Imelsa y su derivada, Taula. Una de sus piezas, la E, se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2007, etapa en la que estaba al frente la ya fallecida María José Alcón. Esta parte del procedimiento se está juzgando desde esta semana en la Audiencia de Valencia.
Las defensas de Marcos Benavent y de otros cuatro procesados han planteado la prescripción de los delitos y diversas nulidades con la intención de detener la vista. En particular, el letrado de Benavent ha cuestionado la investigación impulsada por Rosa Pérez, quien entregó a la Fiscalía un pendrive con grabaciones e imágenes que han sido objeto de controversia y que dieron pie al procedimiento judicial.
Durante su testimonio, el exsuegro de Benavent ha insistido en que no alteró esas grabaciones, extremo que ya había sostenido en otras comparecencias vinculadas a las diferentes piezas del caso. Ha recordado que en aquel momento mantenía una relación familiar con el autodenominado "yonki del dinero", quien le comentó que estaba registrando conversaciones de personas de "cierta relevancia", sin concretarle identidades ni motivos.
En la vivienda de campo de Xàtiva disponía de un ordenador propio, utilizado también por su esposa, su hija y su entonces yerno, conectado a un disco duro externo —"un armatoste grande"— que comenzó a fallar. Ante el riesgo de perder datos, decidió copiar la información a varios lápices de memoria y, al hacerlo, descubrió las grabaciones. Para entonces, Benavent ya no formaba parte de su familia política.
Tras este hallazgo, optó por contactar con Rosa Pérez Garijo para informarle de la existencia de ese material, aunque ella en un primer momento "dudaba" de lo que le contaba. Acordaron verse en Catarroja y él acudió con un pen. Pérez se presentó acompañada de una persona con un ordenador portátil y procedieron a volcar en ese equipo todo el contenido del disco duro con el fin de remitirlo a la Fiscalía. Más adelante, el ministerio público volvió a requerirle dichas grabaciones.
Ha precisado igualmente que nunca llegó a entregar a la Fiscalía el disco duro externo del que extrajo los archivos. "He llegado a la conclusión de que ya lo había tirado, habría dejado de funcionar, lo tiré antes de que me llamase a declarar la Fiscalía", ha indicado ante el tribunal.
Incomparecencia y futura declaración de Rosa Pérez
En la sesión de este miércoles también estaba citada como testigo Rosa Pérez, pero no ha acudido a la Audiencia. El tribunal ha acordado imponerle una multa de 200 euros por su ausencia. La presidenta de la sala ha avanzado que la Guardia Civil volverá a notificarle la citación en su domicilio para que declare este jueves y ha advertido de que, si no comparece, será "conducida por la fuerza pública".
Rosa Pérez ha señalado a Europa Press que su ausencia no responde a falta de colaboración, sino a un error con las fechas, y ha asegurado que declarará mañana. Ha recordado que el juicio estaba fijado inicialmente para febrero de 2025 y que se trasladó a enero de 2026, pero ella pensaba que se mantenía el mes previsto. Ha añadido que, cuando la han llamado, se encontraba impartiendo clase en la Facultad y tenía intención de acudir, pero la sesión ha concluido a las 11.00 y ya no ha podido llegar a tiempo.
Contratos investigados y peticiones de pena
El procedimiento se refiere a contratos relacionados con obras de limpieza, consolidación, restauración y mantenimiento de distintos monumentos de València, entre ellos La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y de la Trinidad. También abarca actuaciones vinculadas a la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y a la XXVII edición del festival de cine de la Mostra.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el 'yonki del dinero' seis años de prisión. El fiscal le atribuye, por su etapa previa como empleado de la Fundación Jaume II el Just y posteriormente como responsable en Imelsa, los delitos de cohecho —en calidad de cooperador—, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además de la pena de cárcel, el ministerio público reclama para él una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.
Asimismo, la acusación pública pide cinco años de prisión para Vicente Burgos, exmarido de Alcón, y tres años de cárcel para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.