El instructor de la Policía Nacional en el denominado 'Caso Ignis', sobre el presunto cambiazo masivo de ataúdes entre 1995 y 2015 en la Funeraria El Salvador de Valladolid, ha declarado este lunes que la supuesta trama no pudo ser ejecutada únicamente por el empleado Justo Martín Garrido y que la mecánica descrita exigía una infraestructura organizada y la participación de más trabajadores del grupo funerario.
El jefe del Grupo de Homicidios de Valladolid ha inaugurado la fase de testificales del juicio, que se celebra en la Audiencia de Valladolid y en la que está previsto que comparezcan más de doscientos testigos hasta junio. Según ha relatado, el operario Justo Martín, ya fallecido, acumuló entre 1995 y 2015 una gran cantidad de material sobre la actividad investigada, fundamentalmente 26 libretas, carpesanos con certificados de defunción, tres pendrive, numerosas fotografías de ataúdes y cadáveres y carretes con más imágenes aún sin revelar.
Ese material apuntaría a que en el periodo analizado el grupo funerario habría efectuado 5.984 cambiazos de féretros y reutilizado más de 900 arreglos florales, todo ello documentado por el propio Justo Martín, que se ha convertido en la principal prueba de cargo contra las veintitrés personas que se sientan en el banquillo.
El agente ha recordado que el autor de esta recopilación fue detenido en agosto de 2017, después de que Ignacio Morchón Vaquero, gerente del grupo funerario, acudiera a la policía para denunciar una “extorsión de manual”. El trabajador habría tratado de presionar a la empresa para mejorar sus bases de cotización de cara a una jubilación más favorable.
“Ignacio Morchón Vaquero y su abogado nos contaron lo sucedido y nos entregaron dos cartas manuscritas por el trabajador dirigidas al padre del primero en las que amenazaba con contar todo lo que sabía de los últimos veinte años”, ha explicado el instructor, quien ha añadido que, tras esa denuncia, se procedió a detener al supuesto extorsionador y a registrar su domicilio, donde se localizó un tercer manuscrito de contenido similar.
“El material representa la base de la extorsión y ya entonces tuvimos claro de que estábamos ante otro tipo de hechos en los que el propio Justo Martín había tenido participación, como él mismo reconoció”, ha señalado el funcionario. A partir de ahí, la policía abrió una investigación para comprobar la veracidad de la documentación y de las fotografías, en las que aparecían las inscripciones “CSI” y “CNO”, en alusión, en el primer caso, a los féretros a los que se habría dado el cambiazo y, en el segundo, a las cajas originales con las que se habría incinerado a los fallecidos.
También cremaciones infantiles afectadas
Durante las pesquisas, el testigo ha detallado que el supuesto sistema consistía en simular la incineración en el tanatorio de Valladolid y, posteriormente, efectuar la cremación real en el cementerio de Santovenia, donde presuntamente se sustituía el ataúd contratado por otro de menor valor o incluso por una palé. El agente ha afirmado que, a partir del año 2000, esa práctica se habría extendido también a las cremaciones de menores.
En las entrevistas con los familiares, muchos de ellos manifestaron que siempre creyeron que la incineración se realizaba en el propio tanatorio, que no se les permitió presenciar ese momento y que, además, reconocieron en las fotografías a sus allegados fallecidos dentro de cajas distintas a las que habían contratado.
Para el instructor, todo ello evidencia que Justo Martín no pudo ejecutar solo la operativa. Ha insistido en que necesariamente tuvo que contar con la colaboración de otros empleados del grupo funerario para poder llevar a cabo los traslados y las cremaciones.
“Es imposible que una persona pudiera trasladar el cadáver desde el tanatorio hasta el cementerio y, una vez allí, colocarlo en un soporte e introducirlo en el horno crematorio. Son tareas en las que se coloca a pulso la caja, no estamos hablando de un pendrive, y esa tarea es imposible que la haga una sola persona”, ha manifestado el funcionario policial, subrayando el apoyo de otros compañeros del acusado.
La investigación policial también detectó un “desfase” entre el número de ataúdes comprados y los que se habrían requerido para los servicios funerarios efectivamente prestados. A juicio del instructor, ello apuntaría a la existencia de “operaciones ficticias” para justificar la adquisición de féretros, en las que habría intervenido la empresa de la familia Senovilla, igualmente procesada y encargada del suministro de cajas.
Intervenciones telefónicas y conversaciones reveladoras
“ESTO ES UNA PILLADA” fue una de las expresiones que, según el testigo, se escuchó en las conversaciones intervenidas. Todos estos indicios llevaron a la policía a detener a los presuntos implicados, inicialmente quince en una primera fase. Para ello se autorizó el “pinchazo” de los teléfonos de los principales sospechosos, una medida que el funcionario ha defendido como necesaria para “tener localizados a todos y evitar entre ellos posibles filtraciones”.
El agente ha precisado que el contenido de esas llamadas resultó “revelador” para la investigación. Ha destacado, en particular, una conversación de un miembro de la familia Morchón tras destaparse la operación en enero de 2019, en la que ya se percibía la magnitud del caso. “¡Esto es una pillada!”, es la frase que el testigo atribuye a esa persona, hoy en el banquillo junto a los otros veintidós acusados.
El responsable de Homicidios en Valladolid ha relatado también que, tras las primeras detenciones, una antigua trabajadora del grupo funerario se puso en contacto con la policía para relatar que conocía los hechos desde hacía tiempo pero que había guardado silencio por temor a perder su empleo. “Nos contó que los ataúdes que se quemaban los llamaban de reciclaje y que los buenos los llevaban a un garaje y luego los volvían a llevar al tanatorio para venderlos de nuevo”, ha indicado.
Tensión en la sala y próximas declaraciones
La sesión de este lunes se ha iniciado con un fuerte enfrentamiento entre el abogado de la familia Morchón y el magistrado presidente del tribunal. El letrado mostró su disconformidad con varias decisiones adoptadas en la primera jornada del juicio e intentó exponer con detalle sus quejas, algo a lo que el juez se opuso, negándole la palabra.
“¡Soy el principal defensor y no he conseguido completar mi alegato!”, protestó el abogado, que mantuvo un cruce de reproches con el magistrado en un tono cada vez más elevado, hasta que éste le retiró definitivamente el uso de la palabra. “Yo ni en broma esperaba esto”, replicó el defensor, que solicitó que se dejara constancia formal de lo ocurrido para valorar una posible queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
Tras la declaración del instructor de la investigación, la jornada de hoy incluye también el testimonio de otros siete agentes, entre ellos dos policías municipales que participaron en los registros practicados.
El juicio se reanudará mañana. La Fiscalía mantiene su acusación contra 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador de la funeraria, para quienes reclama las penas más elevadas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran las sociedades Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L..