El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del 'caso hidrocarburos' ha decidido enviar las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del supuesto intermediario del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, a la causa en la que se analizan los pagos en efectivo dentro del PSOE para la devolución de gastos anticipados.
Según consta en una providencia firmada por el juez Santiago Pedraz, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se remite la declaración de quien figura como chófer de Pano, Álvaro Gallego, junto con diversa documentación policial incorporada a la investigación.
En su comparecencia del pasado 29 de enero, Aldama relató que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le hizo entrega de un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, tal y como señalaron fuentes jurídicas a esta agencia.
Pano, en su declaración ante Pedraz, confirmó que trasladó 90.000 euros en metálico, procedentes de Claudio Rivas, propietario de la empresa considerada epicentro de la trama, hasta la sede del partido socialista.
Gallego, por su parte, declaró este miércoles que llevó a la empresaria hasta las inmediaciones de la calle Ferraz y que ella portaba una bolsa con 45.000 euros en fajos de 5.000 euros, si bien matizó que no llegó a verla acceder al edificio del PSOE.
Pagos en efectivo bajo investigación desde 2017
Pedraz ha acordado remitir el contenido de estas declaraciones a la pieza separada, declarada secreta, que instruye otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, donde ya obra la documentación aportada por el PSOE relativa a sus pagos en metálico entre 2017 y 2024.
El partido socialista entregó al juzgado un 'pen drive' con el listado y los justificantes de todos los pagos en efectivo realizados en esos años a dirigentes, empleados y simpatizantes, documentación que había sido requerida por el magistrado.
En noviembre, la Audiencia Nacional decidió abrir una pieza separada para indagar en esos pagos en metálico, a petición del juez del Tribunal Supremo que también instruía el 'caso Koldo'. La sospecha es que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García habrían aprovechado la ausencia de controles internos en el sistema de devolución de gastos anticipados del PSOE para blanquear fondos procedentes de sus supuestas actividades ilícitas.
La Fiscalía Anticorrupción, en sus escritos, apuntó a la posible existencia de un delito de desfalco contra la formación política, entre "otras irregularidades".
Desde el PSOE trasladaron al juez su disposición a colaborar con la Justicia en cualquier procedimiento, si bien advirtieron de que podrían producirse "graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos" al tener que aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios", y no solo los vinculados a Ábalos y Koldo.
La formación solicitó además que toda esa información quedase incorporada en una pieza secreta, accesible únicamente para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, al considerar que "es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso" de la obligación legal de mantener la debida reserva.