El magistrado que instruye el “caso Koldo” en la Audiencia Nacional (AN) ha recibido del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid una inhibición para que determine si incorpora igualmente a su juzgado la causa relativa al presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, así como el supuesto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en distintos países.
Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press este viernes, la titular del juzgado de Plaza de Castilla responsable del procedimiento ha planteado remitir la competencia de la investigación a la AN, quedando ahora la decisión en manos del juez Ismael Moreno.
La magistrada de Plaza de Castilla, que ha optado por inhibirse mientras el sumario continúa bajo secreto, fue quien acordó el pasado mes de diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; del CEO, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez.
En este procedimiento figura una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que la Audiencia Nacional rechazó admitir en 2024 al considerar que no era el órgano competente, remitiéndola al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que ya había investigado el rescate de la aerolínea y terminó archivando ese asunto.
De acuerdo con las mismas fuentes, ese juzgado venía analizando los hechos puestos en conocimiento por Anticorrupción, junto con otros extremos relacionados. El Ministerio Público denunció el “uso indebido” de los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra por acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de 2021, al afirmar que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”.
La denuncia, dirigida contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, describía una posible organización criminal con base en Francia, Suiza y España.
Tal y como recogía la AN en un auto al que tuvo acceso esta agencia, la red la integrarían “personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español”, y estaría “dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados”.
Fondos de programas de alimentos y ventas de oro
Para la Fiscalía, los fondos de origen ilícito procederían de actos de malversación atribuidos a funcionarios públicos en Venezuela de “muy alta cuantía”, en concreto de “fondos públicos de programas CLAP”, creados por el Gobierno para distribuir alimentos básicos subsidiados, y de “ventas de oro del Banco de Venezuela”.
Según el relato de Anticorrupción, “la sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.
El Ministerio Público también aludía a las “conexiones” de la presunta red criminal con “clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente”.
La denuncia ponía el foco en la intervención de varias personas, en ocasiones mediante sociedades mercantiles, para recibir fondos procedentes del extranjero destinados a la compra de inmuebles, así como en la firma de contratos de préstamo a favor de Plus Ultra, que habrían sido reembolsados en su totalidad.
Igualmente, se detallaba la venta de oro por unos 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que otorgó los préstamos, el envío de sumas de dinero por esa misma sociedad a otra compañía con cuenta en Panamá y que, para las operaciones de blanqueo, “se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo”.