El magistrado de Madrid que instruye la causa contra Leire Díez por, presuntamente, ofrecer favores a cambio de información sensible sobre mandos de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que le remita las diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativas a la otra presunta red de comisiones en la que también figura investigada la exmilitante del PSOE.
De acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, pide a la AN que “remita el atestado elaborado por la UCO que motivo la incoación del procedimiento”.
La petición se dirige al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Antonio Piña, que fue quien inició las pesquisas sobre Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas.
Sin embargo, la causa en la Audiencia Nacional ha quedado finalmente en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, dado que su compañero la asumió estando de guardia y, una vez superado ese trámite, el procedimiento se sometió al reparto ordinario.
En la providencia, Zamarriego añade que “y en el caso de estar declarado secretas dichas actuaciones, remítase el mismo una vez alzado el secreto”, aludiendo a que la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional permanece todavía bajo secreto de sumario.
Fue la asociación Hazte Oír la que instó a Zamarriego a requerir a la Audiencia Nacional copia de la documentación intervenida por la UCO en los registros que pueda guardar relación con ambas investigaciones.
En la causa que se sigue en los juzgados de Plaza de Castilla, el instructor mantiene imputada a Díez como presunta dirigente de un grupo integrado también por el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, que habría tratado de obtener datos sobre responsables de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción.
Según el juez, la exmilitante socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con Pérez Dolset y Rusiñol para “recabar información comprometida o irregular” con el objetivo de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, tal y como recogió en un auto.
Paralelamente, la Audiencia Nacional indaga si Díez, Fernández y Alonso habrían percibido 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones.