El magistrado que dirige la investigación sobre una supuesta red de tratos de favor fiscales a compañías durante la etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda ha reclamado nueva documentación “con objeto de completar la información obtenida”, al entender que “la información remitida por algunas entidades bancarias resultó insuficiente”.
Así lo expone el responsable del Juzgado de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, donde subraya que en el informe de Hacienda incorporado al procedimiento “se observa una fragmentación en los pagos y un diferimiento de los mismos”.
El juez detalla que en ese informe se aprecian “ingresos en al menos dos cuentas bancarias diferentes” y resalta “la existencia de pagos a exsocios y familiares fuera del periodo en el que ostentaron la condición de socios”.
Asimismo, califica de “incoherentes” los abonos efectuados a los socios en relación con sus porcentajes de participación reflejados en la documentación de la Agencia Tributaria. Según el auto, “determinados socios perciben ingresos por debajo de su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros socios con menor participación”.
El instructor recuerda que a lo largo de 2023 se cursaron diversos requerimientos a entidades financieras a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de las diligencias abiertas.
El magistrado también autoriza que la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra acceda al Fichero de Titularidades Financieras, “al objeto de conocer los productos bancarios en los que figuren vinculados” el propio Montoro y otros investigados en la causa.
En otra resolución, el juez solicita además un listado de correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de Hacienda en 2012, cuando Montoro estaba al frente del Ministerio, en los que se adjuntan documentos relativos a normas que, según los investigadores, habrían favorecido a empresas de gases industriales que eran clientes de Equipo Económico, el despacho que supuestamente habría ejercido de intermediario con el departamento.