El magistrado que instruye el ‘caso Montoro’ ha reclamado nueva documentación a Equipo Económico, el despacho señalado como núcleo de la supuesta red de favores fiscales a empresas, principalmente del sector gasista, durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, así como información específica relativa al propio exdirigente del PP.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ordena a la Policía Judicial recabar hojas registrales íntegras, memorias y cuentas anuales entre 2008 y 2025 de dicho despacho y de otras sociedades vinculadas, entre ellas Montoro y Asociados.
En coherencia con lo planteado por la fiscal, el juez solicita también los registros mercantiles y las hojas registrales completas de hasta 13 mercantiles distintas. Igualmente, ordena reunir las escrituras de constitución y de titularidad real de varias sociedades, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y los documentos de nombramiento de los órganos de administración de cada una.
El instructor exige, del mismo modo, las escrituras de constitución y de disolución del régimen económico matrimonial de varios de los investigados, entre los que figuran el propio exministro Montoro y diversos integrantes de Equipo Económico. Además, interesa las hojas registrales de las ocho compañías gasísticas bajo investigación en el procedimiento.
Pendiente de las declaraciones de los investigados
Paralelamente, el juez ha acordado prorrogar la fase de instrucción durante seis meses adicionales, justificando que el levantamiento del secreto de las actuaciones provocó "la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos".
"Debido a estas circunstancias, no se ha acordado la fecha para la toma de declaración de los investigados ni se han resuelto peticiones realizadas por las partes, a la espera de que, como ya se ha dicho, todas las partes se den por plenamente instruidas", precisa el instructor en su resolución.
En esta causa, que estuvo bajo secreto durante siete años, se investigan posibles delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El magistrado define la causa como una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".