El magistrado que instruye la causa contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por una presunta agresión sexual ha rechazado la petición de su defensa para que se aperciba al abogado de la denunciante por sus manifestaciones ante los medios, al considerar que no forman parte del desarrollo de la investigación judicial.
En una providencia firmada por el juez David Maman, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor comunica su negativa a la solicitud cursada por la representación de González al entender que “es una conducta ajena a la instrucción de la causa”, si bien deja abierta la posibilidad de que “la parte ejercite las acciones que estime oportunas” por otras vías.
En el escrito presentado ante el juzgado, la defensa del exDAO pidió expresamente “que se aperciba a la parte querellante para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción”.
La solicitud se formuló después de que, el día en que declararon ambas partes, el letrado de la denunciante, Jorge Piedrafita, relatara a los periodistas que la mujer se había ratificado en la querella en una declaración “dura y difícil” en la que “detalló los hechos, contestó a todas las preguntas y acreditó todos los extremos que se le han preguntado”.
Según explicó entonces Piedrafita, “frente a eso, hemos tenido a un investigado que se ha acogido a su derecho primero a no declarar las preguntas de esta parte y luego se ha acogido a su derecho a mentir. Ha estado errático, no ha contestado a cosas y yo creo que se le han pillado en muchas mentiras”.
Ese mismo día, González manifestó a la prensa que había acudido al juzgado a “demostrar” su “inocencia” ante el juez y sostuvo que la querella le ha “destrozado la vida personal, familiar y profesional”.
En su querella, la agente de la Policía Nacional que trabajaba bajo las órdenes de González atribuye al exDAO la presunta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos con la agravante de abuso de superioridad.