El Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que ordena llamar a declarar en calidad de investigadas a 18 personas, entre ellas el exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo y los exviceconsejeros de Innovación Jesús Rodríguez Román y de Empleo Agustín Barberá. Esta pieza separada se centra en la "indebida" concesión de una ayuda de 1,19 millones de euros, articulada como aval por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a favor de la mercantil Grupo TPM, Inversiones Plásticas TPM S.L.
En la resolución, notificada esta semana a las partes y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez asume la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción en un informe de 18 de diciembre de 2020. Prorroga seis meses más el periodo de instrucción, hasta el 21 de junio, y programa las comparecencias de los 18 investigados entre los días 17 y 25 de febrero, citando a Vallejo el 17, a Barberá el 18 y a Rodríguez Román el 25.
El instructor ordena remitir oficio al actual director de la Agencia IDEA para que, "a la mayor brevedad posible", remita al Juzgado "toda la información y documentación de que disponga (peticiones de informes, borradores, comunicaciones, informes, acuerdos, memorandums, actas de reuniones, propuestas, correos electrónicos, notas, etc...) sobre la concesión" de diversas ayudas a Grupo TPM. Se detallan dos incentivos directos de 1.040.366 euros y 106.639 euros y dos incentivos reembolsables de 10.159.820 euros y 903.717 euros, y se le requiere además un informe sobre si esas ayudas "han sido efectivamente abonadas por IDEA; incluyendo documentación justificativa".
Según el auto difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado acuerda igualmente dirigir oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, conforme a lo interesado por la Fiscalía, amplíe el atestado "practicando las diligencias pertinentes en orden a identificar a los directivos, responsables y/o representantes" del Grupo TPM "que habrían podido tener participación en la concesión, desarrollo, seguimiento y ejecución irregulares del aval, por importe de 1.190.000 euros, concedido por los responsables de la Agencia IDEA en favor" de dicha sociedad.
El juez precisa que en esta causa se indaga la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, "sin perjuicio de posterior y definitiva calificación de los hechos", relacionados con la "indebida" concesión de avales a Grupo TPM "sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello (situación de crisis de la empresa y previsión de su viabilidad futura), según los términos contenidos en la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 5 de noviembre de 2008 -y órdenes sucesivas-, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía para los años 2008 y 2009 y demás normativa reguladora; así como la irregular concurrencia de aquéllas ayudas con otras sociolaborales o ayudas a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo y abonadas por la propia Agencia IDEA; habiéndose identificado hasta 19 empresas, además de Grupo TPM, en que concurriría dicha circunstancia".
Uso "injustificado y arbitrario" de avales
En esa línea, el magistrado señala que, "según se deduciría de lo actuado, por parte de los responsables y personas vinculadas a la Agencia IDEA -o a la correspondiente Consejería de Adscripción- se habría utilizado de manera ilícita la figura de los avales (su concesión y ejecución), tanto de los denominados "propios o excepcionales" -no amparados en la Orden de 5 de noviembre de 2008-, como de los previstos y reglados como incentivos para empresas en crisis en la referida Orden -y sucesivas- como medio para hacer llegar fondos públicos a Grupo TPM de manera absolutamente injustificada y arbitraria".
En relación con Grupo TPM, el juez apunta que "sería posible deducir que en la concesión de tales ayudas en forma de avales habrían mediado razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo; careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de estas ayudas, las cuales, en conjunción con el otorgamiento de otras -ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo por importe de 1.500.000 euros con cargo a la partida 31-L-, habría de responder y determinar una ilícita y progresiva "inyección continuada" de fondos públicos en favor de la mercantil Grupo TPM conculcando la legalidad vigente".
A juicio del instructor, "existirían indicios de la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación en relación a los hechos delictivos vinculados con la ilícita concesión de estas ayudas, en forma de avales, y de la irregular disposición de fondos públicos derivados de su ejecución en favor de Grupo TPM", al analizar el aval propio por 1.190.000 euros otorgado por IDEA a esta empresa el 30 de septiembre de 2008, pese a que "dicha empresa había sido previamente declarada en concurso voluntario de acreedores por medio de auto de 25 de enero de 2005".