El magistrado Adolfo Carretero ha decidido suspender, por “seguridad jurídica”, la comparecencia del exdiputado Íñigo Errejón prevista para este martes, en la que debía comunicarle formalmente la apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, unos hechos que se habrían producido una noche de octubre de 2021, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
La defensa de Errejón había adelantado a primera hora de este martes que el exdirigente no acudiría al Juzgado hasta que Mouliaá precisase si había retirado o no su acusación particular. “Informamos de que, atendiendo a motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento, Íñigo no acudirá”, expuso su representación legal.
Carretero había citado a Errejón a partir de las 09.30 horas para “emplazarle, requerirle y notificarle” el auto por el que se le sienta en el banquillo de los acusados.
Paralelamente, la actriz ha convocado este martes a los medios de comunicación “para comunicar su decisión sobre continuar o no en la acusación particular”. Mouliaá tiene previsto comparecer junto a su letrado, Alfredo Arrién, después de haber señalado este lunes que estaba “valorando qué decisión tomará finalmente”.
La Audiencia Provincial de Madrid se reunió este lunes para analizar el recurso interpuesto por la defensa de Errejón contra su procesamiento. En ese contexto, el tribunal se dirigió al juez instructor para que aclarase si había recibido el escrito en el que la intérprete manifestaba que renunciaba a la acusación, y le pidió que precisara si había adoptado alguna decisión al respecto.
Antes de esa petición, el propio Carretero había indicado que sí constaba en el Juzgado un escrito de Mouliaá retirando la acusación, pero subrayó que el documento carecía de la firma de abogado y procurador, “como es preceptivo”.
Por ello, requirió a la actriz que corrigiera ese defecto formal para poder dar curso a su solicitud de archivo. “Pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de la acusación popular”, advirtió el instructor.
El juez ve indicios suficientes para juzgar a Errejón
El procesamiento de Errejón se acordó el pasado mes de noviembre, tras trece meses de diligencias en las que el juez tomó declaración al propio exdiputado, a Mouliaá, a varios testigos y a especialistas en psiquiatría. Dentro de la investigación, también reclamó a ambos que aportaran las conversaciones que mantuvieron en fechas próximas a la supuesta agresión.
Según la denuncia de la actriz, los hechos se enmarcan en la presentación de un libro de Errejón, después de casi un año de contacto a través de redes sociales. Mouliaá relata que, al finalizar el acto, ambos se desplazaron a un bar cercano para tomar unas cervezas y que ella, que tenía previsto acudir más tarde a una fiesta en casa de un amigo, “por educación” invitó al político a acompañarla.
En su auto, el magistrado concluyó que “los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental”.
La Fiscalía se aparta del caso, la acusación popular sigue
La Fiscalía de Madrid, en cambio, solicitó el archivo de la causa al entender que los indicios resultan “insuficientes”. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público reclama la “libre absolución” de Errejón al considerar que “los hechos no son constitutivos de delito”.
La acusación popular, ejercida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive) a través del abogado Jorge Piedrafita, mantiene su imputación al considerar vigente “el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual”. “Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes”, afirmó el letrado.
Adive sostiene que el juicio contra Errejón deberá celebrarse incluso si Mouliaá —que en su día llegó a pedir tres años de prisión para el exdiputado— y la Fiscalía mantienen la retirada de sus acusaciones. La asociación asegura que actúa para salvaguardar “los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario”.