El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha tomado declaración este martes, en calidad de testigo, al propietario de Forestalia, Fernando Samper. La comparecencia se enmarca en las diligencias abiertas contra la alcaldesa de Mosqueruela (Teruel), María del Alba Lucea, investigada por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En la misma jornada también han prestado declaración como testigos el concejal del Ayuntamiento de Mosqueruela Joaquín Gargallo y la secretaria-interventora del Consistorio, Laura Gimeno.
El procedimiento judicial se inició el pasado mes de enero, cuando el juez acordó la apertura de diligencias tras la denuncia presentada por Teruel Existe contra Alba Lucea ante el juzgado. En dicha denuncia se le atribuye la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Los hechos denunciados se sitúan en 2023, cuando en Mosqueruela se planteaba la implantación de varios proyectos de energías renovables integrados en el denominado Clúster del Maestrazgo.
El eje de la denuncia se centra en la firma del contrato de prestación de servicios de asesoramiento jurídico con la mercantil Servicios Tributarios de la Administración Local, formalizado el 7 de noviembre de 2023.
Los denunciantes sostienen en su escrito que se produjeron irregularidades e ilegalidades, al haberse llevado a cabo la contratación sin licitación ni publicidad, sin tramitación de procedimiento ni expediente de contratación, sin consignación presupuestaria previa y recurriendo posteriormente a artificios presupuestarios para intentar dar cobertura a un gasto que ya estaba comprometido.
Señalan igualmente en su denuncia la ilegalidad del contrato, aprobado por decreto de la alcaldesa, cuando por el importe de la contratación la competencia para su aprobación correspondía al Pleno del Ayuntamiento.
La empresa Servicios Tributarios de la Administración Local emitió al consistorio una factura por 104.565,83 euros. Una vez se tuvo conocimiento de ese importe, la oposición municipal solicitó la iniciación de una revisión de oficio, procedimiento en el que se incluye un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón que considera que dicho contrato es nulo.
En el marco de estas diligencias, mañana a las 10.00 horas el juez instructor tiene previsto tomar declaración a María del Alba Lucea.