La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha ordenado la comparecencia como testigos de varios compañeros y personas del entorno de B.B.O., la madre del menor de Garrucha (Almería) cuya presunta muerte violenta el pasado 3 de diciembre continúa bajo investigación judicial.
Según la diligencia de ordenación consultada por Europa Press, el juzgado ha citado a diversas personas del círculo cercano de la investigada para el próximo 19 de febrero a partir de las 10,30 horas, con el fin de tomarles declaración.
El mismo documento dirige además un oficio a la Policía Judicial de Garrucha para que practique gestiones encaminadas a localizar a otras dos personas y que estas comparezcan ese mismo día, media hora más tarde, ante la autoridad judicial.
El magistrado titular de la Plaza 3 de Vera mantiene las pesquisas abiertas mientras la Audiencia Provincial de Almería resuelve la cuestión de competencia planteada en un procedimiento que ya ronda los dos meses de indagaciones y que arrancó en el Juzgado número 4, entonces en funciones de guardia.
No obstante, tal y como han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, con posterioridad se intentó la inhibición a favor del Juzgado número 1 de Vera, órgano especializado en la instrucción de causas de violencia sobre la mujer.
DISCUTIDOS INDICIOS DE UNA “VIOLENCIA VICARIA”
En esta línea, la causa baraja posibles indicios de “violencia vicaria” al contemplar la hipótesis de que el detenido J.D.R.C., pareja de la madre del menor, hubiera acabado con la vida del niño para causar un perjuicio a la mujer, sobre la que pesaba una orden de alejamiento en la fecha de los hechos, si bien ambos convivían.
Sin embargo, el juez con competencias en violencia sobre la mujer decidió devolver la causa al no apreciar, en el estadio actual de las diligencias, indicios de violencia de género ni de instrumentalización de la madre del pequeño como víctima, al considerar que esta habría intervenido en las decisiones que desembocaron en la muerte del menor y en la ocultación del cadáver.
Este criterio entra en conflicto con el de la Fiscalía que, al igual que el primer órgano instructor, entiende que la competencia para seguir con la investigación judicial corresponde a la Plaza 1 de Vera.
Por su parte, la defensa del investigado, representada por el letrado Manuel Martínez Amate, sostiene que el fallecimiento del niño de cuatro años obedecería a una negligencia tras haber sido medicado y sometido a un intenso manoseo abdominal en el contexto de una práctica de curanderismo.
De este modo, el abogado mantiene que su defendido actuó sin “dolo homicida” y subraya que, una vez muerto el menor, habría permanecido separado de la madre durante casi dos horas después de acudir ambos con el cuerpo del niño a la playa.
En esta línea, afirma que no se encontraba con ella cuando el cadáver fue depositado en un búnker, puesto que a las 19,15 horas se hallaban en una agencia de viajes donde compraba un billete para desplazarse a Madrid al día siguiente, alegando una supuesta oferta de trabajo. En cualquier caso, recalcan que se presentó “voluntariamente” en dependencias de la Guardia Civil sobre las 22,30 horas de ese mismo día.
La estrategia de la defensa se apoya igualmente en los 22 audios de WhatsApp intercambiados entre los implicados para reforzar la tesis de un homicidio imprudente “por ignorancia médica o cultural”, ya que en ellos se comentarían las supuestas técnicas de curanderismo aplicadas al menor, junto con la administración de fármacos para tratar una presunta dolencia abdominal.