El magistrado Juan Carlos Peinado ha aceptado a trámite una querella presentada por la constructora Urbas contra RS Lender IV, sociedad vinculada al fondo de financiación Roundshield Partners, por un presunto delito de estafa procesal.
Así se recoge en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el responsable del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid convoca para este miércoles a declarar como investigados a Alessandro Maiocchi y al representante procesal de RS Lender IV, además de citar como testigos a varios socios de Roundshield Partners.
En la resolución, Peinado hace referencia al “presunto incumplimiento del contrato de financiación” concedido por RS Lender IV a una filial de Urbas y que, una vez llegado su vencimiento, “se ejecutó la prenda otorgada como garantía, destinándose al pago de la deuda”.
“Posteriormente, los activos que constituían la garantía sobre las que se constituyó la prenda, fueron valorados en la cantidad de 0 euros”, detalla el auto.
El juez indica que de la querella se deduce, “en principio”, que Maiocchi y la entidad “han tenido una participación decisiva en la atribución de 0 euros al valor de los activos”.
De acuerdo con la querella de Urbas, la ejecución de la prenda permitió a RS Lender IV “hacerse con la titularidad, a través de la propiedad de las sociedades titulares, de todos los inmuebles de los que tenía garantía hipotecaria con un valor hipotecario de 181,5 millones de euros, así como de otros activos del perímetro que no habían sido hipotecados”. “Obviamente, los activos no podían ser valorados a 0 euros”, subraya el escrito.
La compañía constructora denuncia un “perjuicio patrimonial consumado” derivado de un informe desfavorable del experto designado a instancia de RS Lender IV y de la “preconcebida obstrucción del proceso de reestructuración, anteponiendo su interés particular en apropiarse de los activos de Urbas, de modo fraudulento”.
Urbas afirma que, ante el agotamiento de los plazos legales previstos para el procedimiento de apertura de negociaciones con los acreedores, su Consejo de Administración se vio forzado a aprobar la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores, lo que ha generado un “perjuicio” a “miles de accionistas minoritarios, al tratarse de una sociedad cotizada”.