El magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye el 'caso Begoña Gómez', ha citado para este lunes a tres altos cargos de Deloitte en calidad de testigos para aclarar el vínculo de la consultora con la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El responsable del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha programado para las 18.00 horas las comparecencias del presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, y de otros dos directivos de la firma, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez.
Junto a estas citaciones, Peinado ordenó a Deloitte y a otras compañías que remitan las agendas y las actas de las reuniones celebradas en relación con el desarrollo de la plataforma digital alojada en transformatsc.org, el dominio de la web del 'software' de la UCM por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por una presunta apropiación indebida.
Conviene recordar que Deloitte se desvinculó del 'software' de la UCM, trasladando al instructor que no intervino ni en su diseño ni en su posterior mantenimiento.
Mediante un escrito al que tuvo acceso Europa Press, la compañía respondió al requerimiento del juez sobre “los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense”.
En dicho documento, Deloitte explicó a Peinado que la prestación de servicios profesionales a la cátedra que codirigió Gómez “tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto”.
Subrayó, además, que esa oficina de proyecto ya estaba creada y operativa “antes” del inicio de su colaboración, y precisó que “había sido constituida como el órgano encargado de coordinar los trabajos necesarios para la creación y desarrollo de un 'software' con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la medición del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva”.
Asimismo, detalló que “en la ejecución de la labor de soporte y asesoría a la oficina de proyecto, Deloitte Consulting nunca tuvo acceso directo al 'software' y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento. Por este motivo, no contamos con los ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales de los códigos fuente del software de referencia”.
El juez acordó este requerimiento a Deloitte después de que las acusaciones populares de la causa solicitaran un amplio conjunto de diligencias “a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación y poder preparar el eventual juicio oral”.
En esta causa, la esposa de Sánchez figura como investigada por cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Estas pesquisas se articulan en cuatro grandes líneas: el supuesto tráfico de influencias en beneficio del empresario también investigado Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y de los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la posible apropiación indebida del 'software' asociado a dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa, igualmente imputada y que habría intervenido en gestiones con varias empresas.