El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha dado luz verde a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para acceder, clonar, volcar y analizar el contenido de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector de la construcción investigados en el caso 'Mascarillas', centrado en presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines.
El magistrado José Manuel Rey Bellot, responsable de la causa, atiende así la solicitud del departamento de investigación económica de la UCO, que pretende elaborar un informe con el que aclarar posibles delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.
En un auto fechado el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez autoriza el examen del contenido de los terminales de los empresarios, que ya prestaron declaración en sede policial el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la detención del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez, entre otros implicados.
La investigación aprecia la "aparente existencia" de un sistema de funcionamiento instaurado en el seno de la Diputación Provincial de Almería que "habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública".
Según se desprende de las diligencias, la presunta trama no se limitaría al contrato inicial de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas, guantes y otros productos sanitarios durante la fase más crítica de la pandemia de covid-19, sino que se habría extendido a otras adjudicaciones de obras y servicios.
Los indicios apuntan a una estructura organizada en dos niveles: por un lado, cargos públicos que habrían facilitado y promovido este sistema, obteniendo también un beneficio económico y personal; y por otro, un conjunto de sociedades y empresarios que habrían intervenido como adjudicatarios directos de contratos o favoreciendo que otras empresas los obtuvieran.
Empresas señaladas y beneficios para el entorno de Óscar Liria
En este marco, la causa se fija en seis empresas y sus responsables, entre ellos el hermano del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento de la Diputación, Óscar Liria --ya detenido y apartado en una primera fase--, quien a través de la firma Pulconal "tenía pleno conocimiento y percibía un cinco por ciento del beneficio de los contratos adjudicados por la Diputación Provincial de Almería a la sociedad".
El sumario también destaca a la mercantil OYC Servicios Urbanos como una de las compañías con mayor interés en la supuesta trama, cuya "verdadera titularidad" se atribuye al exalcalde de Fines y a su hijo, igualmente investigados, mientras que se sigue la pista a una pareja que figuraba como accionista y administrador solidario de la empresa.
Junto a estas, la instrucción dirige su atención a otras seis sociedades controladas por cuatro empresarios más, que se habrían visto favorecidos por la adjudicación de contratos públicos. A juicio del juez, todos ellos "podrían disponer de indicios relevantes para el esclarecimiento" de los hechos, lo que justifica el examen de sus dispositivos móviles.
El origen del procedimiento se sitúa en la adjudicación del contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación Provincial de Almería a la empresa Azor Corporate Ibérica mediante un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 por 2.036.186,24 euros, a partir de una propuesta de Fernando Giménez.
Para el instructor, "existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita", entre otros motivos por el "vínculo familiar" entre Óscar Liria y el representante de la sociedad Kilian L. y por la existencia de gestiones previas para la compra de material antes de la adjudicación formal del contrato.
Las pesquisas ponen el acento en las comunicaciones telemáticas entre los investigados, que compartían un grupo de Whatsapp llamado 'Naranjito', en las que se hablaba de estas contrataciones, así como en los hallazgos de la primera fase, cuando se localizaron grandes cantidades de dinero en efectivo en la vivienda de Óscar Liria y de sus padres, sin que las explicaciones sobre su procedencia "resulten convincentes, ya que son vagas, imprecisas e carentes de apoyo documental".
Uso de lenguaje "encriptado" y movimientos de efectivo
El auto destaca igualmente el empleo de un lenguaje "en clave" o "encriptado" entre los implicados, que al aludir a contratos utilizaban expresiones como "ir al dentista", "cambiar la piñata entera", "necesito empastarme dos o tres muelas" y otros términos odontológicos, presuntamente para aludir a esas 'mordidas'.
"El uso de esta terminología es muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido material de las conversaciones", señala el juez, para quien resulta "muy llamativo" que se empleen "de forma absurda, abusiva y en un número de veces inexplicable" referencias a la ortodoncia en un contexto "totalmente desvinculado" de conversaciones sobre licitaciones públicas en curso.
Los informes subrayan además el protagonismo del dinero en efectivo, con ingresos realizados desde Roquetas de Mar y El Ejido de hasta 19.750 euros por parte del expresidente de la Diputación para afrontar las cuotas hipotecarias de la compra de un inmueble, utilizando una cuenta compartida con su hermana, también investigada por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
En esta línea, la investigación detecta una posible reincorporación al circuito económico de fondos cuyo origen "podría ser ilícito", a lo que se añaden otros 20.000 euros que García habría entregado para adquirir una parcela en Rodalquilar. "Se desconoce el origen del dinero efectivo que utiliza Javier Aureliano García para tales transacciones, siendo que el mismo es un empleado público", recoge el auto.
Las "numerosas transacciones bancarias" entre Javier Aureliano García, sus hermanos y la comunidad de bienes García Molina --gestionada por otro hermano igualmente investigado-- evidenciarían, según la policía, un uso instrumental de dicha comunidad para "canalizar fondos" procedentes de la venta de un inmueble heredado en Almerimar, con el fin de "integrar los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal de dinero para poder disfrutar de los mismos".
También se considera relevante, a efectos de las medidas acordadas, el interés de Javier Aureliano García en reunirse con Fernando Giménez para tratar la declaración como investigado que ya había prestado antes de ser detenido, así como varios viajes "de coste elevado" a Ibiza y Madrid en 2016 y 2017 realizados por García y Liria, en fechas cercanas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos y sin "apuntes bancarios" que los respalden.