El magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez ha requerido al Ministerio del Interior que, en un plazo máximo de 10 días, detalle los desplazamientos que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez, hayan efectuado a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia.
Peinado mantiene abierta la investigación sobre Gómez por cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Carlos Peinado se dirige a la Oficina Nacional de Información del Pasajero y solicita que se especifiquen “los posibles viajes” realizados a esos países desde el 16 de julio de 2018 hasta la fecha. Esta decisión llega después de que ambas investigadas hayan “declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación” de estos movimientos.
En la misma resolución, el instructor requiere a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que, en idéntico plazo de 10 días, remita al Juzgado los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta oficial asignada a Begoña Gómez desde esa fecha. Precisa, además, que será la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la que se encargue del análisis de toda esa documentación.
El juez Peinado reprocha en su auto “la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado”.
“Igualmente, el esposo de la citada investigada, actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando tuvo la oportunidad, de colaborar en esta investigación, se acogió al dispensa”, señala el magistrado en la resolución.
El instructor admite que esta es una “postura totalmente legítima”. “Pero que, como se ha dicho, la negativa a facilitar los pasaportes conduce a que se haya de acudirse a otras vías de investigación, como la práctica de las diligencias que ahora se acuerdan, convirtiendo las mismas en necesarias, e idóneas”, agrega en el auto.
En este sentido, el juez subraya que, “si bien es cierto que se podrían acudir a otras, como incluso la de entrada y registro de los domicilios de las investigadas, esa diligencia sí que sería desproporcionada”.