El magistrado aprecia indicios suficientes para llevar a juicio a los cinco acusados por la presunta venta, en 2025, de una adolescente de 14 años de Corella, a la que se habría obligado a casarse a cambio de “5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida”. Según el juez, tras la boda el marido y sus progenitores habrían empujado a la menor a ejercer la mendicidad en distintas localidades de la provincia de Lérida.
En el auto de procesamiento, recurrible ante la Audiencia de Navarra, el responsable del Juzgado nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela califica provisionalmente los hechos como un presunto delito de trata de seres humanos con finalidad de matrimonio forzoso y de práctica de mendicidad respecto de una menor, de acuerdo con la información facilitada por el TSJN.
El juez detalla que el 20 de agosto de 2025 agentes de la Policía Local de Corella identificaron al padre de la joven, quien les habría confesado que había vendido a su hija por 5.000 euros “a un gitano rumano con domicilio en Lérida”.
Una testigo relató a la Guardia Civil que el progenitor le comentó que inicialmente pensaban vender a la menor por 10.000 euros, aunque finalmente el acuerdo se cerró por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida.
La resolución subraya que en el procedimiento constan vídeos del perfil de Instagram de la madre de la niña, donde se observa a la menor junto a su supuesto marido participando en “una celebración en la que el primero entrega un anillo a la segunda mientras dice 'sí'”.
El auto añade que existen otras grabaciones en las que se aprecia a la madre de la víctima “exhibiendo, el 24 de febrero, gran cantidad de dinero, fraccionado en billetes”.
De acuerdo con la resolución judicial, los procesados admitieron ante el juzgado que la menor y el presunto marido mantenían una relación y que habían formalizado un compromiso matrimonial.
El instructor también resalta que la adolescente fue “localizada en al menos dos ocasiones practicando la mendicidad en las localidades de Borges Blanques y Bellpuig”.
En el auto, el juez cita a los cinco encausados para que comparezcan a prestar las declaraciones indagatorias propias de esta fase del procedimiento, señaladas para el 9 de junio.
Los investigados seguirán en libertad provisional, al entender el magistrado que no se han modificado las circunstancias que motivaron en su día la adopción de esta medida cautelar.