La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado este jueves la vista oral de la primera de las tres piezas del 'caso Mediador', centrada en la supuesta red de sobornos vinculada a la instalación de placas fotovoltaicas en Canarias. La Fiscalía reclama para los tres acusados, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, una condena de un año de cárcel por un presunto delito de cohecho.
El juicio, que se celebra ante un tribunal con jurado popular, está programado para extenderse durante cuatro jornadas. La sesión de este jueves se ha dedicado íntegramente a la exposición y debate de las cuestiones previas planteadas por las partes acusadoras y las defensas.
En esta primera jornada, las defensas han solicitado la libre absolución de sus clientes respecto de los delitos imputados, alegando principalmente la “falta de elementos” que configuren el tipo penal y la “dificultad” de que los hechos puedan llegar a acreditarse en el plenario.
Relato del Ministerio Fiscal
El escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, sostiene que el empresario Bautista habría contactado con Navarro Tacoronte debido a sus supuestos vínculos en el tejido empresarial y en el ámbito institucional del archipiélago, ya que este se presentaba como una persona “integrada” en el Gobierno regional, pese a conocer que “carecía” de cualquier representación o función en el Ejecutivo autonómico.
Según el Ministerio Público, Navarro ofrecía la posibilidad de facilitar contratos con entidades relevantes del sector privado y prometía además el acceso a subvenciones para la empresa de Bautista, así como la formalización de “lucrativos contratos” con la administración pública.
Para reforzar su credibilidad ante los empresarios, a los que reclamaba “comisiones, dádivas o regalos”, organizaba reuniones con figuras influyentes del entorno político y económico, entre ellas el general de la Guardia Civil, que presuntamente actuaba de forma concertada con Navarro. La Fiscalía subraya que hacía valer que durante cuatro años había sido una de las principales autoridades del instituto armado en Canarias.
Parte de esos encuentros se celebraban en la Península con el objetivo de afianzar la confianza de Bautista y proyectar una “imagen de seriedad y poder”, de manera que este llegara a creer que “accediendo a las exigencias, pagos -- el primero el 31 de agosto de 2022, con hasta 2.000 euros en un primer importe-- y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas”.
De acuerdo con el relato fiscal, las reuniones se desarrollaban habitualmente en restaurantes, donde el empresario “siempre asumía el pago de los gastos”, hasta el punto de que comenzó a realizar obsequios al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, además de diferentes viajes.
Argumentos de las defensas
En la vista, la defensa del exgeneral Espinosa ha insistido en que su cliente estaba desvinculado de la función pública en el momento de los hechos enjuiciados, al encontrarse desde 2017 en situación de “servicios especiales” dentro del proyecto GAR-SI Sahel, una entidad estatal. La Fiscalía rechaza este planteamiento y sostiene que, con independencia del tipo de relación jurídica con la administración, el exgeneral “siguió prestando servicio a través de una entidad pública”, manejando recursos y objetivos, por tanto, “públicos”.
“El fiscal pretende criminalizar una situación privada y particular, que todos vivimos en el día a día: poner en contacto a dos amigos y que estos puedan ser recomendados profesionalmente”, ha insistido el letrado del ex general de la Guardia Civil, que ha incidido en la “inexistencia” de “delito alguno”, y, “mucho menos”, de corrupción. “Probaremos que los hechos no son constitutivos de ningún tipo de delito”, porque “Espinosa no realizó ningún acto ilegal, no actuó como funcionario público y no utilizó su cargo en beneficio de nada ni de nadie”, ha deslizado.
Por su parte, la defensa de Antonio Bautista ha reiterado que no concurre el tipo penal de cohecho en la conducta atribuida a su patrocinado. “Este juicio va de un empresario (Antonio Navarro Tacoronte) que cometió el error de confiar en la persona equivocada”, ha señalado el abogado, que ha remarcado la ausencia de cualquier “elemento público” que acredite que las actuaciones trascendieron “el ámbito estrictamente privado”.
Ante el jurado popular, el letrado ha pedido “poner en cuarentena” las tesis de la Fiscalía, al considerar que carecen del “más mínimo respaldo probatorio”. “El señor Antonio Bautista no pagó ni un euro al señor Espinosa, y eso quedará acreditado”, ha defendido, reduciendo los pagos de su cliente a la intermediación con Navarro Tacoronte. “El resultado comercial de todos esos contactos con empresarios fue cero”, ha aseverado.
El abogado de Antonio Navarro Tacoronte ha reclamado “abstraerse” de la lectura de un escrito de acusación “grueso” y ha sostenido que los hechos enjuiciados “se contraen a una cuestión: las relaciones privadas y empresariales” entre particulares. “Navarro Tacoronte es un mero particular, cuya labor profesional ha sido la de intermediar entre personas particulares a lo largo de los años, relaciones entre empresarios particulares que entablan contacto con el fin de intentar ofrecer sus servicios”.
“La actividad de mi cliente es privada y particular, pone en contacto a particulares. Como consecuencia de esa actividad, evidentemente, recibe una remuneración”, ha añadido el letrado.
Nuevas pruebas y continuación del juicio
Al cierre de la sesión de este jueves, en la que se ha comenzado a enjuiciar la primera de las tres piezas del 'Caso Mediador', la Fiscalía ha incorporado nuevas diligencias al procedimiento, consideradas “absolutamente pertinentes”: la comparecencia de dos testigos, agentes de la Guardia Civil, y una prueba de grabación.
Mañana, a partir de las 9.30 horas, está previsto que continúe la vista con una segunda sesión centrada en las declaraciones testificales de distintos agentes y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.