La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife retomará este viernes, desde las 9.30 horas, la vista oral de la primera de las tres piezas del 'caso Mediador', en una segunda jornada centrada en las declaraciones testificales de diversos agentes y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Fiscalía mantiene su petición de un año de cárcel por un presunto delito de cohecho para cada uno de los tres procesados: el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte. El juicio, que se celebra ante un tribunal con jurado popular, está previsto que se prolongue durante cuatro días.
En la sesión de este jueves, las defensas solicitaron la libre absolución de sus defendidos respecto a los delitos imputados, alegando principalmente la “falta de elementos” que los sustenten y la “dificultad” de que puedan llegar a acreditarse en el plenario.
Relato de la Fiscalía
El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, expone que el empresario Bautista habría contactado con Navarro Tacoronte por sus supuestas conexiones en el entorno empresarial y en el ámbito público del archipiélago, presentándose este último como una persona “integrada” en el Gobierno regional, pese a conocer que “carecía” de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo autonómico.
Según la Fiscalía, Navarro ofrecía facilitar la firma de contratos con entidades destacadas del tejido empresarial y prometía también lograr la concesión de subvenciones para la mercantil de Bautista, además de cerrar “lucrativos contratos” con la administración pública.
Para ganarse la confianza de los empresarios, a quienes reclamaba “comisiones, dádivas o regalos”, organizaba reuniones con personas influyentes del ámbito político y económico, entre ellas el general de la Guardia Civil, que, siempre según la acusación, actuaba en connivencia con Navarro y hacía valer que durante cuatro años había sido una de las principales autoridades del instituto armado en Canarias.
Algunas de estas reuniones se celebraban en la Península con el objetivo de reforzar ante Bautista una “imagen de seriedad y poder” y que este llegara a la convicción de que “accediendo a las exigencias, pagos -- el primero el 31 de agosto de 2022, con hasta 2.000 euros en un primer importe-- y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas”.
De acuerdo con la Fiscalía, los encuentros tenían lugar habitualmente en restaurantes, donde el empresario “siempre asumía el pago de los gastos”, hasta el punto de que comenzó a efectuar los primeros obsequios al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, además de distintos viajes.
Los argumentos de las defensas
Durante la vista de este jueves, la defensa del exgeneral Espinosa reiteró que su cliente estaba desvinculado de la función pública en el momento de los hechos enjuiciados, al encontrarse desde 2017 en situación de “servicios especiales” en el proyecto GAR-SI Sahel, una entidad estatal. Este planteamiento fue rechazado por la Fiscalía, que sostiene que, al margen del tipo de vínculo jurídico con la administración, el exgeneral “siguió prestando servicio a través de una entidad pública”, con recursos y objetivos, por tanto, “públicos”.
“El fiscal pretende criminalizar una situación privada y particular, que todos vivimos en el día a día: poner en contacto a dos amigos y que estos puedan ser recomendados profesionalmente”, ha insistido el letrado del ex general de la Guardia Civil que, además ha ahondado en la sesión judicial en la “inexistencia” de “delito alguno”, y, “mucho menos”, de corrupción. “Probaremos que los hechos no son constitutivos de ningún tipo de delito”, porque “Espinosa no realizó ningún acto ilegal, no actuó como funcionario público y no utilizó su cargo en beneficio de nada ni de nadie”, ha deslizado.
Por su parte, la defensa de Antonio Bautista se mostró igualmente contundente al negar que concurra delito de cohecho en las conductas atribuidas a su patrocinado. “Este juicio va de un empresario (Antonio Navarro Tacoronte) que cometió el error de confiar en la persona equivocada”, ha señalado el letrado, que ha insistido en la ausencia de cualquier “elemento público” que respalde las acusaciones, limitadas, a su juicio, al “ámbito estrictamente privado”.
Ante el jurado popular, el abogado reclamó “poner en cuarentena” las tesis de la Fiscalía por carecer, dijo, del “más mínimo respaldo probatorio”. “El señor Antonio Bautista no pagó ni un euro al señor Espinosa, y eso quedará acreditado”, ha argumentado el letrado, que ha circunscrito los pagos efectuados por su cliente a la intermediación con Navarro Tacoronte. “El resultado comercial de todos esos contactos con empresarios fue cero”, ha aseverado.
Actividad de Navarro y nuevas pruebas
El representante legal de Antonio Navarro Tacoronte pidió al tribunal “abstraerse” del tono del escrito de acusación, que calificó de “grueso”, y sostuvo que los hechos enjuiciados “se contraen a una cuestión: las relaciones privadas y empresariales” entre particulares. “Navarro Tacoronte es un mero particular, cuya labor profesional ha sido la de intermediar entre personas particulares a lo largo de los años, relaciones entre empresarios particulares que entablan contacto con el fin de intentar ofrecer sus servicios”.
“La actividad de mi cliente es privada y particular, pone en contacto a particulares. Como consecuencia de esa actividad, evidentemente, recibe una remuneración”, ha argumentado.
Al cierre de la jornada de este jueves, en la que comenzó a juzgarse la primera de las tres piezas del 'Caso Mediador', la Fiscalía incorporó al procedimiento nuevas pruebas que considera “absolutamente pertinentes”: las declaraciones de dos Guardias Civiles como testigos y una grabación.
Este viernes, a partir de las 9.30 horas, continuará la segunda sesión del juicio con las comparecencias de distintos agentes y efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado llamados a declarar como testigos.