El tribunal del jurado de la primera pieza del 'caso Mediador', cuyo juicio se ha prolongado durante cinco jornadas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha considerado culpables de un delito de cohecho al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario Antonio Bautista y al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.
El veredicto, leído en la noche de este jueves tras más de 24 horas de deliberación, subraya la existencia de un "patrón de conducta" en la ejecución de una estrategia de pagos destinada a que la empresa de Bautista lograra contratos en el sector de la energía solar en las islas, apreciando además "correlación" entre las retiradas de efectivo en sucursales bancarias y las reuniones celebradas.
El jurado entiende, asimismo, como "patente" que Espinosa Navas seguía integrado en la Guardia Civil pese a encontrarse en la situación administrativa de servicios especiales, ya que continuaba percibiendo su salario mediante nómina del instituto armado, desarrollaba funciones para la FIIAPP en un proyecto en El Sahel —organismo de carácter público— y, incluso, en su tarjeta de visita se identificaba como general de la Guardia Civil.
El tribunal destaca igualmente que no ponía en contacto a empresarios "de manera gratuita" dado que "no era amigo" de Bautista, y concluye que existe una "relación directa" entre los "regalos" que recibía y la evolución de las iniciativas empresariales vinculadas a la compañía de Bautista.
Según el jurado, los obsequios "no tienen sentido si no hay una intención ilícita", ya sea por la obtención de un beneficio económico o por la expectativa de una futura incorporación laboral a la empresa de Bautista tras su jubilación. Para ello se apoya en una grabación en la que, tanto Navarro como Bautista, se refieren abiertamente a sobornos.
El jurado también se ha posicionado en contra de la solicitud de indulto y, en cuanto a la posible suspensión de la pena, solo la respalda en el caso de Bautista.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene su solicitud de un año de prisión y, aunque ha calificado de "prematuro" pronunciarse de forma definitiva sobre la suspensión de la pena, no se opone a que se aplique a Bautista. En cambio, considera que "no hay razones" para concederla al mediador, atendiendo a su "trayectoria delictiva y peligrosidad criminal" y a que figura como investigado en otras piezas separadas en las que se solicitan condenas todavía más elevadas.
Por su parte, la defensa de Bautista ha pedido reducir la pena a nueve meses, mientras que la del general reclama situarla en el mínimo legal posible, recordando que ya ha pasado por prisión. La representación legal del mediador solicita una condena de 5 meses y 15 días y sostiene que debe suspenderse, al entender que sus antecedentes penales están prácticamente cancelados y permanecen pendientes de enjuiciamiento otras piezas de la causa.