El jurado popular encargado de valorar la muerte de Sergio Delgado ha concluido que no existió “intencionalidad de causar la muerte” en el puñetazo que le asestó J.L.N., una agresión ocurrida en la capital burgalesa el 24 de febrero de 2024.
Según el veredicto, tampoco ha quedado acreditado que el ataque tuviera relación con el hecho de que Sergio Delgado, que contaba con 32 años en el momento de su fallecimiento, fuera natural de Valladolid.
Con todo, el tribunal ciudadano sí declara “culpable” del fallecimiento al joven burgalés J.L.N., que tenía 23 años cuando sucedieron los hechos.
Para llegar a esta conclusión, los miembros del jurado se apoyan en una grabación en la que, afirman, “demuestra que tuvieron una conversación” de varios minutos antes de que se produjera el golpe, “sin que ello estuviese motivado”, porque Sergio Delgado fuese de Valladolid”.
En el veredicto leído a las 14 horas de este martes, los integrantes del jurado detallan que el acusado “es culpable de haber causado la muerte de Sergio Delgado”, al propinarle un único puñetazo.
No obstante, consideran que no resulta posible que el procesado “imaginara que pudiera producirse su fallecimiento”. Esta conclusión se adopta “con ocho votos a favor que el acusado no se podía llegar a imaginar las consecuencias de su acto y uno en contra”.
El jurado tampoco estima probado que J.L.N., aun con conocimientos de técnicas de Muay Thai, pudiera prever que con ese golpe llegaría a causar la muerte. En cambio, dan por acreditado que el estado de embriaguez y la intoxicación etílica de Sergio habría “influido de manera notable” en el desenlace, alejando en todo momento la idea de una intención homicida por parte del autor del puñetazo. A juicio de los nueve miembros, no ha quedado demostrado que J.L.N. pretendiera matar a Sergio.
Tras la deliberación y la lectura del veredicto, la Fiscalía ha fijado ahora la petición de condena en cuatro años de prisión, reduciendo la solicitud inicial de 12 años recogida en su escrito de acusación. En cuanto a la responsabilidad civil, reclama 90.000 euros para cada uno de los progenitores y 25.000 euros para la hermana del fallecido. La acusación particular mantiene la calificación de asesinato y solicita una pena de 20 años de cárcel, mientras que la defensa pide una condena de dos años de prisión, que el acusado estaría a punto de cumplir, por lo que ha solicitado su puesta en libertad.