El juzgado abre diligencias por la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos tras un fallo en la dosis

Un juzgado de Burgos investiga la muerte de dos pacientes oncológicos y las graves secuelas en otros tres tras recibir una dosis seis veces superior a la pautada.

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Hospital Universitario de Burgos (HUBU). JCYL

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BURGOS, 9 (EUROPA PRESS)

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Burgos ha acordado la apertura de diligencias previas por un presunto “delito de homicidio imprudente” a raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía de Burgos, tras el fallecimiento de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos a los que se administró una dosis equivocada, según han informado fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos se sitúan en el pasado mes de diciembre, cuando el Defensor del Paciente, personado en el procedimiento, presentó una denuncia que fue asumida por la Fiscalía burgalesa después de la muerte de dos enfermos de cáncer por una sobredosis de medicación. Este suceso derivó en la incoación de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos.

En aquel mes de diciembre perdieron la vida dos pacientes tras recibir un fármaco para su tratamiento oncológico en una cantidad seis veces superior a la prescrita, mientras que otros tres enfermos sufren actualmente secuelas de extrema gravedad.

Corresponderá ahora a la justicia determinar si en los fallecimientos se produjo un homicidio por imprudencia profesional y, en el caso de los supervivientes, un posible delito de lesiones derivado de una mala praxis. El órgano judicial se pondrá en contacto con los afectados y con los herederos de los fallecidos para que puedan personarse en el procedimiento.

Asimismo, se revisarán las autopsias clínicas y los informes pormenorizados con el fin de analizar en profundidad el funcionamiento del sistema y esclarecer de qué manera se introdujo y se validó la ficha del medicamento. La investigación apunta, por un lado, a una eventual responsabilidad penal del personal sanitario implicado y, por otro, a la posible responsabilidad civil subsidiaria de la Consejería de Sanidad.