El Tribunal de Instancia de Ourense ha decidido archivar la pieza separada de la operación Pokémon en la que se investigaba al exalcalde socialista Francisco Rodríguez, al concejal del BNG Fernando Varela y al exjefe de la Policía Local, Abelardo Ulloa.
En una resolución fechada el cinco de enero, el magistrado del Juzgado de Instrucción de la plaza 1 concluye que no existen indicios de que los encausados percibieran "distintas cantidades de dinero a cambio de favores que pudieran favorecer a la mercantil Vendex".
"Ninguna prueba se ha practicado a lo largo de la presente instrucción a la hora de acreditar la realidad de tales afirmaciones, más allá de la declaración prestada en sede judicial por dos coinvestigados", razona el juez en el auto.
Al mismo tiempo, destaca que "dichas declaraciones no se consideran suficientes para poder fundar un escrito de acusación, al no estar acompañadas de indicios objetivos que permitan corroborar tales afirmaciones, especialmente si se tiene en cuenta que los tres investigados negaron, en las declaraciones prestadas en sede judicial, haber recibido cualquier cantidad a cambio de favores relacionados con su actividad profesional".
En la resolución, el instructor también hace hincapié en que "el hecho de que alguno de los coinvestigados haya viajado a Ourense en un momento determinado no justifica que dicho viaje lo fuera con la intención de entregar una determinada suma de dinero a alguno de los investigados".
Igualmente, subraya que "toda la documentación obrante en las actuaciones fue elaborada desde la mercantil Vendex, pero no consta que luego se vea corroborada con efectivas entregas de metálico a autoridades ourensanas o que las mismas hayan provocado algún tipo de favorecimiento por parte de autoridades ourensanas hacia la empresa".
El auto no es definitivo, ya que contra esta decisión cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Macrocausa de la operación Pokémon y única condena
La operación Pokémon, una macrocausa judicial que salpicó a numerosos cargos públicos, se puso en marcha en 2012 por iniciativa de la entonces titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, posteriormente apartada del órgano judicial por dilaciones indebidas.
De todas las piezas derivadas de esta investigación, únicamente fue condenado el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.