La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número dos, que dirige la investigación sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz, ha decidido incoar una pieza separada de acción popular con el objetivo de tramitar y resolver la admisión de las personaciones de entidades, formaciones políticas y asociaciones --personas jurídicas privadas-- como acusación popular.
De acuerdo con la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press, se incorporan a esta pieza separada hasta ocho escritos. Corresponden al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias; Iustitia Europa; Vox, que acompaña solicitud de medidas cautelares y la presentación de una querella, a raíz de la cual se han incoado diligencias previas en el juzgado que quedarán acumuladas a esta nueva pieza.
Figuran igualmente el escrito de la Asociación Hazteoir.org, con su personación, así como la querella interpuesta, que ha dado lugar a diligencias previas que también se sumarán a esta pieza; el escrito de personación del Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf); el de la Asociación “Víctimas de los Políticos”; el de la Asociación Liberum, que se persona y convierte su denuncia en querella, origen de otras diligencias previas, y el de Alternativa Ferroviaria (Alferro), que comparece mediante querella.
Antes de decidir sobre la admisión de estas personaciones como acusaciones populares, el órgano judicial requiere a las partes que corrijan y completen diversos extremos formales en un plazo de diez días. Una vez subsanados dichos defectos, el juzgado se pronunciará sobre la prestación de la fianza correspondiente.
Paralelamente, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha recibido hasta hace una semana un total de 14 denuncias de víctimas del siniestro, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tras la incorporación de la nueva jueza titular, el órgano judicial debe aún resolver las distintas cuestiones que se han ido planteando en el procedimiento.
Peticiones de las partes y diligencias de investigación
En este contexto, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Instancia la práctica de una diligencia de informe pericial para determinar las causas del accidente ferroviario. El Ministerio Público propone que se nombre como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos “sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos”.
Del mismo modo, la Fiscalía ha interesado que las cajas negras de los dos trenes implicados se abran en presencia de las juezas que instruyen el caso. El primer informe preliminar remitido por la Guardia Civil incluye un inventario de todas las evidencias recabadas por los agentes, entre ellas unas 2.500 fotografías tomadas en la ‘zona cero’, las dos cajas negras de los convoyes y la declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, además de testimonios de tripulantes y pasajeros.
La Guardia Civil ha solicitado, además, las grabaciones de las cámaras del apeadero de Adif y las imágenes internas de los vagones de ambos trenes. También se informa a la autoridad judicial de otros indicios, como el fragmento de vía desprendido de los raíles por los que circulaba el Iryo el domingo 18 a las 19,45 horas, momento en el que descarriló y acabó colisionando con el tren Alvia que viajaba en sentido contrario hacia Huelva.
Ese tramo de vía será objeto de análisis en un laboratorio “especializado en tratamiento de material metalúrgico” de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cediéndose parte del mismo a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial y tiene encomendada la investigación de las posibles responsabilidades penales.
Por su parte, las dos cajas negras de los trenes serán volcadas igualmente en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, dado que constituyen una prueba esencial para la instrucción judicial y para el informe técnico de los expertos de la comisión, encargada de valorar las causas del siniestro y de proponer medidas que eviten que un accidente similar vuelva a producirse.