El Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ha registrado hasta este jueves alrededor de diez denuncias y siete personaciones vinculadas al siniestro ferroviario del domingo en las vías a su paso por el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba, un accidente que deja por ahora 43 víctimas mortales.
En relación con estas denuncias, “va a ser un goteo permanente”, por lo que será necesario “un trabajo procesal importante”. Así lo ha señalado este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante una visita a los juzgados, donde se ha reunido con las juezas del partido judicial para conocer de primera mano las necesidades y los refuerzos de este Tribunal de Instancia, que es el que dirige la investigación del accidente.
En la visita ha estado también el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. En este órgano judicial ya se ha materializado el refuerzo de dos funcionarios previsto por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, mientras que la titular del Tribunal de Instancia, Cristina Pastor Recover, tomará posesión en febrero, después de que este martes se haya publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Justicia, el juzgado de Montoro cuenta con una plantilla de 12 funcionarios, de los que nueve pertenecen al servicio de Tramitación y tres al Registro Civil, a los que se suman ahora dos refuerzos, un gestor y una tramitadora, autorizados por la Junta y que “se han incorporado ya”.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado, además, que el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro recibirá “de forma inminente” un juez de refuerzo y un letrado de la Administración de Justicia, “sin perjuicio de futuros refuerzos”.
Fuentes del Gobierno andaluz han puntualizado a Europa Press que esta es la dotación global de los juzgados de Montoro y que no todo el personal se dedicará a la macrocausa atribuida específicamente a la plaza número 2. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, los antiguos juzgados unipersonales han pasado a organizarse como tribunales de instancia con varios jueces.
La Junta ha aprobado también dos comisiones de servicio sin relevación de funciones para dos empleados del Servicio de Tramitación del mismo Tribunal de Instancia, con el objetivo de que apoyen temporalmente al Registro Civil (un gestor y una tramitadora).
Asimismo, se ha autorizado el pago de servicios extraordinarios al personal de la oficina judicial y del Registro Civil desde el 19 de enero de este año y “durante 30 días”, según ha precisado la Junta a preguntas de Europa Press. En cuanto a los medios materiales, se han remitido dos impresoras adicionales al Tribunal de Instancia plaza número 2 y se ha creado una cuenta de correo específica para esta causa, ante el elevado volumen de documentación que se prevé gestionar.
Instrucción judicial y trabajo de la Fiscalía
Por su parte, el fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón, ha advertido este miércoles, respecto a la investigación judicial del siniestro ferroviario, que “todavía no existen resultados” y ha considerado que “sería una imprudencia por mi parte” hacer “alguna referencia a la investigación” que se hace.
En una comparecencia ante los medios, Sobrón ha admitido que se enfrentan a una instrucción judicial “compleja” sobre el accidente, y ha expresado su deseo de que “sea lo menos larga posible”. Ha añadido que en la Fiscalía de Córdoba “no hemos tenido antes una tragedia de estas características” y ha subrayado que “estamos todos muy afectados”.
Preguntado por los periodistas sobre la presentación de demandas por parte de familiares de las víctimas del siniestro del domingo en este municipio cordobés, donde colisionaron un tren de alta velocidad que se dirigía a Madrid y un tren Alvia con destino Huelva tras el descarrilamiento del primero, ha explicado que “no es un dato que yo haya preguntado” al representante de la Fiscalía de Córdoba desplazado al juzgado de Montoro.
Ha indicado que ha solicitado información sobre “el tema de identificación” de los fallecidos y que “las cuestiones técnico-jurídicas en este momento van paralelas”, antes de precisar que esa reacción jurídica de las familias la “he oído por los medios de comunicación”.
Respecto a las posibles personaciones en la causa, ha enfatizado que “no estamos todavía en la fase técnico-jurídica” y ha insistido en que ahora “es la fase de investigación y de asistencia a las víctimas”.
Interrogado sobre el peso que tendrán en la instrucción el informe de la Guardia Civil y las declaraciones del maquinista del tren de alta velocidad de Iryo, ha recalcado que “estamos en una fase inicial” y, por tanto, “no podemos hablar de nada de la investigación”, reivindicando que “desde la Fiscalía vamos a ser prudentes”.
Sobrón ha relatado que ya el domingo se desplazó al lugar del siniestro, pese a encontrarse fuera de la provincia, y pudo llegar hasta Adamuz acompañado de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y del fiscal encargado de las causas judiciales de Montoro. También ha señalado que se trasladaron al Centro de Identificación de Datos “para ver cómo se estaba realizando toda la identificación de las personas que habían fallecido”.
Ha añadido que, al día siguiente de la tragedia, el lunes, promovió la creación de un grupo de trabajo dentro de la Fiscalía de Córdoba, integrado por tres fiscales, que colaborarán con el juzgado en la investigación del accidente, “que, evidentemente, es lo que la opinión pública nos exige”.
Denuncias y personaciones en la causa
En el ámbito de las acciones judiciales, la Asociación Liberum ha registrado una denuncia en el juzgado que instruye la causa, mientras que Manos Limpias se ha personado ejerciendo la acción popular, “a los efectos de determinarse las posibles responsabilidades penales derivadas”. Iustitia Europa, otro de los colectivos que participa en procedimientos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su esposa, ha comunicado igualmente que ha formalizado este martes en el mismo juzgado su personación como acusación popular.
En el primer caso, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación ha interpuesto denuncia por “hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores”, contra dos directivos de Adif y otro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), así como “contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado”.
Además, Vox ha anunciado este jueves la presentación de una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro por estos hechos, en la que atribuye al actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y a la expresidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera, un delito de “homicidio imprudente por imprudencia grave”. La formación ha solicitado también que comparezcan en sede judicial el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, y el exministro de Fomento José Luis Ábalos.