La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla, encargada de analizar los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus en las diligencias previas 2476/2024, ha acordado el "sobreseimiento provisional y archivo" de las actuaciones derivadas de las denuncias formuladas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y los anteriores responsables Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, al entender que "no existen indicios de la perpetración de delito".
Así se recoge en un auto fechado el jueves 22 de enero, adelantado por el diario ABC y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el órgano judicial señala que "no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal".
En esta línea, el magistrado desestima la solicitud del PSOE-A para requerir un informe pericial a la Intervención General del Estado "por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible exitencia de delito, y prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento".
El auto, de 23 folios y susceptible de recurso, razona que "la existencia del delito tiene que apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio y en este caso no se detectan" más allá de los reparos formulados por la Intervención General de la Junta, que a su vez resolvió que "no procedía un propuesta de informe de actuación".
NI "ACTUACIÓN ARBITRARIA" NI "ABUSO DE PODER"
Respecto a la prórroga de la contratación de emergencia más allá de la fase más aguda de la pandemia, el juez considera que "no puede concluirse que la finalidad fuera elusión de las normas de orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria".
A su juicio, "no ha existido una actuación arbitraria o caprichosa, ni un injustificado ejercicio de abuso de poder", subrayando que "no sólo se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos (...), sino que la contratación se desarrolló con todas las empresas hasta entonces contratantes con el SAS, siendo así que no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia efectuada por el SAS, como tampoco perjuicio a la administración ni por exceso de gasto ni por pérdida de fondos europeos".
En la misma resolución se apunta además que "resulta, cuando menos, jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente supusiera una minoración de garantías, además de que posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia".
VE "AL MENOS DISCUTIBLE" QUE NO HUBIERA "EMERGENCIA SANITARIA"
El magistrado añade que "pudiera discutirse si --estas contrataciones-- son o no irregulares, pero lo que, sin duda, no son es groseramente ilegales o dictadas por intereses ajenos a los públicos o generales y con desdén o indiferencia frente a la legalidad", incidiendo en que "resulta, cuando menos, discutible que, en la fecha de las resoluciones de prórroga, no existiera aún una situación de emergencia".
El procedimiento se inició tras la denuncia presentada en septiembre de 2024 por una treintena de parlamentarios del PSOE-A contra los dos exgerentes del SAS ya citados "por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023". El escrito del PSOE-A, al que posteriormente se adhirió Podemos, estimaba en 242 millones de euros el montante de los contratos cuestionados.
El juzgado de instrucción acordó el 1 de octubre de 2024 incoar diligencias previas "por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa". Más tarde, en noviembre de 2025, los diputados del PSOE-A registraron una "ampliación de querella" por "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el SAS en el año 2024" dirigida contra la actual directora gerente del SAS, Valle García.
Junto a Valle García y sus dos antecesores, que figuran como investigados, en la causa han declarado como testigos el exdirector económico del SAS, José Antonio Miranda, y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud, Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, el pasado mes de noviembre.
El auto del juez se dicta apenas 48 horas después de que el martes 20 de enero comparecieran también como testigos la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y exconsejera y exviceconsejera de Salud, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.
Los responsables del SAS han defendido en todo momento la continuidad de los contratos de emergencia alegando la necesidad de mantener la atención de las urgencias asistenciales ligadas a la pandemia, y han minimizado la importancia del cambio del sistema de fiscalización previa al control financiero permanente aprobado por el Consejo de Gobierno.