El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha recibido desde el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid la inhibición para que decida si asume la investigación sobre el supuesto uso irregular de 53 millones de euros concedidos por el Gobierno como rescate en plena pandemia a la aerolínea Plus Ultra, así como el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro procedente de Venezuela en distintos países.
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press este viernes que la magistrada de Plaza de Castilla responsable del procedimiento ha planteado remitir la competencia a la Audiencia Nacional, quedando la cuestión en manos del juzgado que encabeza Ismael Moreno.
Sin embargo, dado que Moreno se apartó de este asunto en 2024 y fue su compañero José Luis Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre estos hechos --al considerar que la Audiencia Nacional no era competente y enviar el asunto al Juzgado de Instrucción Número 15, que investigó el rescate de Plus Ultra y lo archivó--, será este último juez quien determine ahora si la Audiencia Nacional debe hacerse cargo de la causa.
La jueza de Plaza de Castilla, que ha optado por inhibirse mientras el procedimiento continúa bajo secreto, fue quien ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; del CEO, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez.
Según las mismas fuentes, ese juzgado venía analizando los hechos puestos en conocimiento por Anticorrupción, pero también otros extremos. La Fiscalía denunció el "uso indebido" de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió por decisión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, al sostener que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".
La denuncia, dirigida contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, describía una posible organización criminal con base en Francia, Suiza y España.
De acuerdo con un auto de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso Europa Press, dicha red "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".
Fondos de alimentos subsidiados y oro venezolano
Para la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de hechos de malversación atribuidos a funcionarios venezolanos de "muy alta cuantía", en concreto de "fondos públicos de programas CLAP", creados por el Gobierno para distribuir alimentos básicos subvencionados, y de "ventas de oro del Banco de Venezuela".
Según ese relato, "La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal".
Anticorrupción destacaba igualmente las "conexiones" de la supuesta red criminal con "clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente".
La denuncia detallaba la intervención de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir fondos procedentes del extranjero con el fin de adquirir inmuebles, además de la firma de contratos de préstamo a favor de Plus Ultra, que habrían sido devueltos en su totalidad.
El escrito también recogía la venta de oro por unos 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, el envío de sumas de dinero desde esa misma entidad a otra compañía con cuenta en Panamá y que, para las operaciones de blanqueo, "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".