El considerado cabecilla del entramado dedicado a la fabricación ilícita de cigarrillos de tabaco en dos naves situadas en Ourense y Pontevedra ha asumido este miércoles una condena de dos años de prisión y una sanción económica de 12 millones de euros, que se transformará en un año adicional de cárcel, según ha detallado el letrado del acusado.
En la Audiencia Provincial de Ourense, la representante del Ministerio Fiscal y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad, fijando para el principal responsable la misma pena que ya habían aceptado hace cuatro años los otros siete integrantes del grupo.
De este modo, al cabecilla se le imponen dos años de prisión y una multa de 12 millones de euros, con un arresto sustitutorio de 1 año en caso de impago —que en este supuesto se hará efectivo—, además del abono conjunto y solidario, junto al resto de condenados, de una indemnización de 11.830.600 euros, por un delito de contrabando en concurso de leyes con un delito contra la hacienda pública.
Tal y como han confirmado la Sala y el abogado de la defensa, el Tribunal decidirá en la fase de ejecución de sentencia si procede o no la suspensión del ingreso en prisión, al tratarse de una persona sin antecedentes penales.
En relación con la situación económica del condenado, el letrado ha precisado que el pasado mes de febrero se llevó a cabo una averiguación de bienes en la que quedó reflejada su insolvencia.
Los hechos investigados
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, ocho miembros de un grupo dedicado a la fabricación clandestina de cigarrillos de tabaco en dos naves ubicadas en Ourense y Pontevedra, utilizando para ello extranjeros en situación irregular, aceptaron hace cuatro años penas de dos años de cárcel y el pago de una multa de 12 millones de euros. En aquella vista no compareció el máximo responsable de la red, que permaneció huido hasta noviembre de 2023.
El ahora condenado encabezaba un grupo de cuatro personas que, de común acuerdo con otros cuatro procesados, puso en marcha una organización “estructurada y permanente en el tiempo con ramificaciones internacionales” para producir cigarrillos al margen de la normativa, recurriendo a “mano de obra no regularizada”, mediante extranjeros que habían llegado a España sin conocer su destino y que eran retenidos sin poder comunicarse con el exterior y “trabajando a destajo”.
Para ocultar la actividad ilícita, la red se amparaba en la apariencia de una empresa de transportes, desde la que se enviaban camiones cargados con el tabaco ya elaborado hacia otros países.
El cabecilla se instaló en Ourense en febrero de 2020, cuando adquirió una nave industrial en el Ayuntamiento de Coles, en el municipio de Cambeo, con la misma finalidad con la que previamente se habían hecho con otra nave en Oliveira, Ponteareas, “para montar una estructura estable para la fabricación y distribución de grandes cantidades de tabaco”.
Los acusados, que también participaban en las labores dentro de las fábricas, se encargaban de controlar los movimientos del material y de vigilar a los trabajadores extranjeros, a quienes les retiraban sus teléfonos móviles para impedirles cualquier contacto exterior.