El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo ha pasado este lunes a formar parte de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, en una sesión en la que ha ofrecido un discurso centrado en los retos actuales de las democracias y en el valor de la “tolerancia mutua” y el “autocontrol institucional” como elementos esenciales para su preservación, en un escenario que, ha advertido, afronta “embates agresivos”.
“En un mundo que está contemplando embates agresivos para cercenar los cimientos de la democracia, cuya vulnerabilidad, sentimos con dolor, elijo un tema que nos remite al corazón de la democracia representativa: la estabilidad electoral”, ha dicho.
Durante su intervención, Arnaldo ha subrayado que “las elecciones son la savia de la democracia auténtica, la constitucional”, aunque ha precisado que solo constituyen “su punto de partida, no la meta”. Ha remarcado que el sistema democrático implica también “es institucionalidad inclusiva fundada en la separación de poderes”, apoyada de forma decisiva en “el respeto a la independencia del Poder Judicial”.
En esa misma línea, ha añadido que la democracia es igualmente “el imperio de la ley”; “la transparencia y deliberación pública; la proscripción de la desviación del poder y de la actuación arbitraria de los poderes públicos; la alternancia y respeto de los derechos de las minorías; y, en fin, en el ejercicio del poder (prestado) conforme a las reglas de la ética (...), ética íntimamente ligada a la responsabilidad, política y jurídica”.
Por todo ello, ha advertido de que “la democracia es frágil y vulnerable” y, evocando al ex presidente estadounidense Barack Obama, ha mantenido que “corre peligro cuando se da por segura”.
“Por eso, hemos de permanecer gobernantes y gobernados siempre alerta”, ha afirmado, citando asimismo a los profesores de Harvard Levitsky y Ziblatt para recalcar que “las democracias en nuestro tiempo no mueren fruto de golpes militares, como en el pasado, sino fruto de un lento y progresivo deterioro de su sistema jurídico y de sus instituciones esenciales”.
“Cuando las encuestas apuntan al bajo nivel de confianza en la calidad de la democracia, incluidos los países más asentados y estables, debemos abandonar el quietismo y el conformismo de los brazos cruzados”, ha reivindicado, insistiendo en que “en la defensa de la democracia no cabe la neutralidad”.
En este marco, ha llamado a “seguir la trazabilidad de las instituciones democráticas y de las reglas que las rigen”, advirtiendo de que no solo deben observarse las normas “obligatorias”, sino también aquellas “informales, que no figuran en la Constitución ni en ley alguna, pero que son indispensables para la supervivencia del régimen democrático: la tolerancia mutua y el autocontrol o contención institucional”.
Integridad del proceso electoral y reformas legales
En el terreno electoral, el magistrado ha alertado de que “si el procedimiento electoral genera dudas en relación con la completitud del censo electoral, con la integridad del voto anticipado emitido por correo, con la imparcialidad de las mesas o con la custodia de las actas electorales, se pondría en juego la legitimidad misma de las elecciones, su carácter democrático y representativo”.
Y ha añadido que, “si de la ley electoral depende, en no poca medida, que la democracia sea buena o mala, para que sea buena debe evitarse la ingeniería electoral, pues en el sistema electoral no encontramos la totalidad de las respuestas sobre la gobernabilidad o la institucionalidad”.
En este sentido, ha señalado que, aunque “la reforma electoral, los cambios en las reglas electorales, no contravienen el principio de estabilidad ni son necesariamente un indicador de inestabilidad institucional”, cualquier modificación debe plantearse con prudencia y perspectiva.
Ha recalcado, además, que en el contexto político actual “se hace utópico pensar en un nuevo acuerdo común --como en el 78-- en una voluntad común y compartida entre los actores políticos basada en los intereses generales y comunes de la nación española, que han de girar necesariamente sobre el eje de justicia y eficacia electorales”, ha argumentado.
En este punto, ha lamentado que “con no poca frecuencia, las reformas se han adoptado pocas fechas antes de la convocatoria electoral”, al recordar de forma expresa la modificación de 2011 “que estableció el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero e introdujo algunas reglas importantes en materia de campaña electoral, y que entró en vigor poco más de dos meses (antes) de la macroconvocatoria de las elecciones locales y autonómicas”.
A su entender, en la actualidad “la preocupación no es, como a principios del siglo XIX, y hasta el avanzado siglo XX, quién vota, sino cómo se vota”, al tratarse de una “cuestión que incide directamente en que se forme libremente la voluntad del votante, sin condicionamientos, ni manipulación”.