El facultativo atacado en mayo de 2022 en el centro de salud Los Castros, en Santander, ha explicado este martes ante la Audiencia Provincial de Cantabria las graves secuelas físicas y psicológicas que arrastra desde entonces. A raíz de la agresión perdió gran parte de la visión del ojo derecho, tuvo que someterse a una intervención para reconstruir la nariz y elevar una ceja y padece un trastorno de estrés postraumático “bastante potente” que le obligó a cambiar de destino, reducir su jornada a la mitad y tomar “mogollón de medicación psiquiátrica”.
“Pese a toda la medicación que tomo y a las terapias a las que me sigo sometiendo, no soy capaz de dormir más de cuatro horas. Todos los días me despierto a las cuatro o cinco de la mañana empapado en sudor, con un dolor torácico que es ansioso”, ha declarado. Ha añadido que “no es capaz” ni siquiera de acercarse al centro de salud donde fue atacado y que, en su puesto actual, ha requerido atención médica en alguna ocasión simplemente por oír que alguien eleva la voz en otra consulta.
El acusado, que tenía 18 años cuando sucedieron los hechos, se sienta en el banquillo por delitos de lesiones y atentado contra la autoridad —al tener esa consideración los sanitarios— y se enfrenta a una petición de 13 años de prisión por parte de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. Sostiene que únicamente propinó “un cabezazo” al médico porque éste y un celador “iban a por él”, y que el facultativo le golpeó primero cuando intentaba grabar un vídeo para denunciar que “no le querían atender”.
Ese día acudió al ambulatorio acompañado de su madre, que fue atendida antes de la agresión y también está procesada por un delito leve de amenazas. Varios testigos aseguran que “jaleó a su hijo”, le animó a que “siguiera pegando” al médico y lanzó advertencias a los profesionales: “No vais a salir de aquí”. “No sabéis con quien estáis tratando, voy a quemar (el centro) con todos dentro”. La mujer respalda la versión de su hijo y afirma que, cuando abandonaban el centro, vio salir a los dos sanitarios “a pegarle”, uno con “un hierro”: “Eran dos hombres contra un bebé”, ha manifestado.
Debate sobre la seguridad en el centro de salud
En el juicio, además de las penas de cárcel y las indemnizaciones para el médico y el celador —este último sufrió un golpe en la cara y la rotura del bíceps en el forcejeo—, las acusaciones han reclamado que la responsabilidad civil subsidiaria recaiga en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Argumentan que en el momento de los hechos “no había medidas de seguridad” en el centro de salud, ni cámaras ni personal específico, y que estos sistemas se implantaron después.
“Hay una falta de medidas de seguridad asombrosa”, ha denunciado una de las partes, que recuerda que ya existía un Plan de Prevención ante Incidentes Violentos, con medidas que “seguro se anunciaron a bombo y platillo, pero hasta hace poco no se habían implantado”. Aunque ningún representante legal del SCS ha comparecido pese a estar citado, sí lo ha hecho la letrada del Gobierno regional, que ha señalado que dicho protocolo no tiene rango de ley y que entonces no eran obligatorios los elementos de control que ahora se reclaman.
En la vista también ha intervenido la representante del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, que ejerce la acusación popular junto a la fiscal y los abogados del médico y del celador.
Relato de la agresión y versiones enfrentadas
Los primeros en declarar han sido el celador y el médico. Han contado que la acusada salió de la consulta diciendo: “tiene cojones venir para esto”. Después entró su hijo, que se quejaba de que “le dolía la garganta”, y el celador le indicó que sería atendido, pero que estaba adscrito a otro centro de salud, en Camargo, y debía tramitar un cambio de domicilio. Esa explicación desencadenó una discusión y gritos que hicieron que el doctor saliera de su despacho.
El joven sacó el móvil para grabar porque “no le querían atender” y el médico se aproximó indicándole con un gesto que dejara de grabar. Ese momento, de apenas unos segundos, quedó registrado y se ha reproducido en la sala a petición de los acusados, que mantienen que fue “un manotazo” que le dio “en la cara” y que el teléfono “se espatarró en el suelo”.
Ambas partes coinciden solo en que, acto seguido, el acusado respondió con un cabezazo. El médico ha relatado que cayó al suelo, fue inmovilizado por el joven y recibió “nueve puñetazos” en la zona del ojo derecho, mientras escuchaba a la madre decir: “dale más fuerte, sigue pegándole”. Después, madre e hijo abandonaron la consulta y el facultativo se dirigió a cerrar la puerta, momento en el que, según su versión, se produjo una segunda agresión: el acusado le “arrinconó” contra la pared, le “bloqueó” los brazos y le propinó otros “tres o cuatro puñetazos” en el mismo punto.
En ese segundo episodio intervino el celador, que ya había recibido un golpe en la cara en el primer forcejeo y había quedado “traspuesto” unos instantes. Consiguió “quitársele de encima” a su compañero y poner fin a la paliza.
Secuelas permanentes y testigos presenciales
El médico ha asegurado que “no ha sido capaz de volver al centro de salud”, “ni siquiera” de aproximarse a la zona. “Mi abuela vive al lado y visitarla para mí es un drama porque yo no quiero pasar por ahí”, ha lamentado. Ha explicado que, antes de lo ocurrido, “no había tomado mas que un Paracetamol o un Enantyum” en su vida y que ahora está con “mogollón de medicación psiquiátrica y en seguimiento”, además de sufrir intestino irritable, con episodios de diarrea y vómitos durante su jornada laboral.
Los peritos han detallado que las lesiones incluyeron múltiples traumatismos faciales, fractura de los huesos nasales y pérdida de visión “prácticamente total” en el ojo derecho, sin expectativas de mejoría, así como la necesidad de valorar una futura operación de oído. Compañeros de trabajo que se encontraban en el centro han declarado haber presenciado parte de los hechos; uno de los enfermeros ha descrito un golpe “bastante salvaje” y “contundente” que le llevó a avisar de inmediato a la UVI móvil ante el riesgo de que fuera necesaria una intubación.
Varios testigos han comentado que el agresor “sabía pegar” y “se movía como un boxeador”, extremo que el acusado niega. Él sostiene que, tras el supuesto “manotazo” del médico, le “salió darle un cabezazo” y que se marchaba cuando se percató de que el facultativo y el celador iban detrás “a pegarle”, uno “con un palo”. Su defensa mantiene que fue el médico quien “le dio un sopapo” y dio inicio a la pelea, y cuestiona que la víctima pudiera contar los golpes “en estado de semi inconsciencia”. También afirma que el celador se produjo las lesiones “él mismo”.
Respecto al delito de atentado contra la autoridad, el abogado del joven asegura que éste desconocía que se trataba de un médico porque no llevaba bata ni identificación visible, sino “un polo y un vaquero”. Sobre la madre, insiste en que “no hay ni una sola prueba” de las amenazas.
La fiscal y las acusaciones, por el contrario, hablan de una “brutalidad” que “en absoluto es una reacción a ninguna provocación” y subrayan la “versión absolutamente alternativa y contraria” de los procesados, con “numerosas contradicciones y falta total de credibilidad”. Además de los 13 años de prisión, la Fiscalía solicita indemnizar al médico con 124.000 euros y al celador con 15.300 euros, cantidades que sus letrados elevan a 147.600 y 16.700 euros, respectivamente.