Uno de los menores ya condenados por la muerte de un joven de 21 años en la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada reconoció durante el juicio que fue quien efectuó el disparo en la cabeza que acabó con la vida de la víctima. Explicó que aquel día se levantó “rayado”, que le dio “la loquera” y que actuó por iniciativa propia, sin recibir órdenes de la banda de los Dominicans Don't Play (DDP).
Los hechos ocurrieron de madrugada el 3 de octubre de 2022 en las inmediaciones de la sala Caña Brava, tras un concierto relacionado con el entorno de bandas juveniles. La investigación apunta a que el ataque se produjo como venganza por un tiroteo previo atribuido a integrantes de los Trinitarios.
En el banquillo se sientan ahora los presuntos autores intelectuales, entre ellos el supuesto 'Suprema' del Coro de Campamento de la organización, además de dos mandos intermedios. Por este mismo episodio ya fueron sentenciados dos menores como responsables materiales de los disparos.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el menor que disparó compareció en la vista oral y respondió a las preguntas del fiscal y de las acusaciones. Desde el inicio del interrogatorio asumió la autoría de los tiros. “Me levanté rayado. Me dio la loquera. Yo soy el autor. Salió de mí”, declaró ante el tribunal.
Cuestionado por el fiscal sobre el motivo de su presencia en esa discoteca, indicó que acudió porque actuaba un cantante y que su intención era “estropear” la fiesta. Insistió en que disparó a la víctima sin que nadie le diera la orden de matar.
“En ese momento de adrenalina no piensas bien”, afirmó, admitiendo que forma parte de los DDP, pero que actúa por su cuenta y que no conoce a ningún “Suprema” ni responsable de la banda. Sí reconoció que uno de los acusados, señalado como jefe del coro de Campamento, le suministraba droga.
“Yo no tengo jefe. No conozco a ningún soberano ni 'Suprema'. El jefe era yo mismo. Soy un soldado”, reiteró. Aseguró también que se arrepiente de lo sucedido y recordó que ya ha sido condenado por estos hechos en la jurisdicción de menores.
Otro de los menores condenados declaró que pertenece a la banda desde los 14 años, aunque sostiene que nadie le impone órdenes. Dijo desconocer que el otro menor fuera a matar al joven y afirmó que no es habitual que alguien actúe por libre. Preguntado por quién lideraba el coro de Campamento, se negó a contestar.
Un tercer menor implicado, que resultó absuelto en el procedimiento de menores, señaló que conoce a los condenados del barrio. Reconoce ser miembro de la banda, pero niega mantener amistad con ellos. En relación con los tres acusados adultos, afirma que solo los ha visto por la zona y que no ha tenido trato directo.
Los procesados adultos, que declararán al finalizar la práctica de la prueba, rechazan cualquier participación en el crimen y aseguran que no se encontraban en el lugar la noche del asesinato. La acusación particular, sin embargo, sostiene que las cámaras de seguridad de la zona los grabaron un día antes en el mismo punto, supuestamente preparando el ataque.
El tribunal deberá aclarar cómo se planificó la agresión, quiénes pudieron ser los instigadores y qué relación existía entre los acusados y el joven fallecido. El jurado popular tendrá que decidir si actuó una organización criminal detrás del homicidio y el nivel de responsabilidad de cada uno de los encausados.
Planificación del ataque y acusaciones
La Fiscalía mantiene que varios de los acusados diseñaron el asalto y organizaron los medios necesarios, entre ellos una furgoneta con matrículas falsas para facilitar la huida. Dos menores -ya juzgados- habrían ejecutado directamente la agresión.
Según el escrito de acusación, los atacantes abrieron fuego y agredieron con un machete de forma sorpresiva a varias personas que se encontraban a la salida del local tras el concierto. Un joven murió en el acto por un disparo en la cabeza y por las heridas causadas con arma blanca.
Otras tres personas sufrieron lesiones graves por impactos de bala y cortes, que obligaron a su ingreso hospitalario, a varias operaciones y a largos procesos de recuperación, quedando además con secuelas permanentes.
El Ministerio Público imputa a dos de los principales acusados un delito de asesinato agravado por su vinculación con organización criminal, tres asesinatos en grado de tentativa y varios delitos relacionados con la tenencia de armas. Para uno de ellos, el supuesto jefe del coro de Campamento, solicita prisión permanente revisable y un total de 78 años de cárcel.
Otro de los procesados se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal, mientras que un tercero está acusado como cooperador necesario en el asesinato consumado y en los intentos de homicidio, con penas que superan los 20 años de cárcel.