Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto un recurso contra la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que permitió a su predecesor, Álvaro García Ortiz, reincorporarse a la carrera fiscal en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En ese escrito solicita su “pérdida de la condición de fiscal”.
Según consta en el recurso presentado ante la Fiscalía General del Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de González Amador reclama además que se facilite a su cliente el expediente mediante el cual se acordó no expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena.
En su escrito, González Amador insta a Peramato a que “se anule” dicho expediente y que “declare la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales” del ex fiscal general “por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses y la pérdida de la condición de fiscal por la anterior causa de incapacidad y por la pena principal de inhabilitación para cargo público”.
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos que afectaba a González Amador, imponiéndole una pena de dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado, junto con una multa de 7.200 euros y el abono de una indemnización de 10.000 euros.
En la sentencia, los magistrados precisaron que la inhabilitación se circunscribía exclusivamente al cargo de fiscal general del Estado, advirtiendo de que sería “excesiva su proyección a otros” puestos y dejando en manos de la propia Fiscalía General la determinación del nuevo destino de García Ortiz dentro del Ministerio Público.
La vuelta de García Ortiz al Supremo
La Fiscalía General del Estado autorizó el pasado 13 de enero la incorporación de García Ortiz a la Fiscalía del Tribunal Supremo, al considerar que la condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos solo le impedía desempeñar el cargo que ocupaba, pero no otros dentro de la carrera fiscal, según explicaron fuentes del Ministerio Público a esta agencia.
De acuerdo con esas mismas fuentes, su regreso a la Sección de lo Social del alto tribunal se llevó a cabo “de conformidad con las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales” que mantenía mientras ejercía como fiscal general del Estado.
Desde el Ministerio Fiscal subrayaron que “el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado”. Recordaron que la resolución del Supremo “impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años, sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales, ni respecto de otros cargos análogos”.
“Esa concreción es particularmente relevante”, añadieron, apuntando que el Código Penal “obliga a los tribunales a indicar en la sentencia los empleos y cargos afectados por la inhabilitación, estando vedada cualquier extensión automática y/o interpretación expansiva u omnicomprensiva de su contenido”.