El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha declarado ante la jueza de Llíria que fue Presidencia de la Generalitat Valenciana quien reclamó el audio del día de la dana, correspondiente a un fragmento de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana, que más tarde se difundió a los medios de comunicación de forma manipulada.
Suárez ha realizado estas manifestaciones en calidad de testigo en el juzgado de Llíria que instruye la causa por la filtración del audio manipulado en febrero de 2025, según ha podido conocer Europa Press.
La magistrada decidió citar a Suárez tras analizar los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, en los que se detallaba que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al archivo sonoro de la conversación. En concreto, a la parte en la que la funcionaria de Aemet mencionaba un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.
El informe precisaba que, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, dos responsables de la Conselleria de Justicia e Interior, dirigida entonces por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas, tuvieron acceso a la llamada y la grabaron: Ricardo García García, subsecretario del departamento, y Alberto Martín Moratilla, que en aquel momento era director general de Emergencias y Extinción de Incendios. Ambos habrían obtenido una copia de la comunicación en un pendrive.
En su comparecencia, Suárez ha relatado a preguntas de los letrados de las acusaciones populares del PSPV y Podemos que desde Presidencia se pidió localizar una llamada en la que se hiciera referencia al desplazamiento del temporal a Cuenca. Esta comunicación no se halló inicialmente y no se pudo identificar hasta que se determinó que se había efectuado desde un teléfono fijo.
Según ha expuesto, la primera petición la formuló Alberto Martín Moratilla, que solicitó que se localizara la llamada y se realizara su transcripción.
Ha añadido que la transcripción finalmente no llegó a elaborarse porque el 2 de noviembre Ricardo García reclamó con urgencia que se encontrase esa llamada. El propio García acudió con un técnico a un despacho para localizar el "trozo" de grabación y se generó un archivo que fue copiado en un pendrive, ha señalado el testigo.
Suárez ha apuntado que no se le comunicó ningún motivo concreto para pedir la grabación, ni se cursó la solicitud por escrito ni se firmó documento alguno. Ricardo García "se la llevó sin más", ha afirmado.
El subdirector de Emergencias ha subrayado que se trata de una situación excepcional en su experiencia. "Nunca se ha pedido una grabación de esta manera por parte de un alto cargo", ha remarcado.
La investigación judicial por la filtración del audio
La jueza de Llíria abrió diligencias el año pasado después de que la Fiscalía Provincial de Valencia presentara una denuncia por la difusión del audio incompleto, al entender que los hechos podrían encajar en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.
La Fiscalía considera que dicha conversación tiene "carácter reservado", de acuerdo con la normativa vigente, al haberse producido en el marco de la gestión de una emergencia. El artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, dispone que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia atendido por el 112 debe ponerse a disposición de todos los servicios esenciales implicados "a los estrictos fines de su gestión" y, una vez concluida esta, "únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial".