El hombre procesado por la supuesta violación de su hija de tres años y por haberle transmitido una enfermedad de transmisión sexual ha rechazado tajantemente las acusaciones, sosteniendo que el contagio pudo producirse de forma fortuita mientras se duchaban juntos o posteriormente, al utilizar ambos la misma toalla para secarse.
Desde este lunes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra el juicio contra este padre, al que se imputa haber agredido sexualmente a una de sus hijas, de tres años, y haberle contagiado una infección venérea en la capital balear.
Durante el interrogatorio del fiscal, el acusado ha manifestado que desconocía padecer gonorrea, aunque ha admitido que sentía un escozor en la zona genital. También ha explicado que solía entrar en la bañera ya llena de agua después de orinar y que, a continuación, se bañaba la niña en la misma agua. Ha reconocido que pudo producirse algún tipo de roce involuntario con la menor, pero ha insistido en que nunca hubo intención ni conducta de índole sexual.
El procesado se ha descrito a sí mismo como “un desastre y muy dejado” en lo relativo a su higiene diaria. “Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más”, ha admitido ante el tribunal.
La acusación pública reclama para él una pena de 15 años de prisión, así como el abono de una indemnización de 20.000 euros, al considerarle responsable de un delito de agresión sexual a menor.
De acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal, los hechos se habrían producido durante el mes de octubre de 2022 en la vivienda de Palma donde residían todos juntos. El escrito sostiene que el hombre, aprovechando los momentos en que se quedaba solo con la niña y su posición de padre, la violó y realizó sobre ella tocamientos de carácter sexual.
Como resultado de estos presuntos abusos, el padre le habría transmitido una enfermedad venérea de la que, según la Fiscalía, ya era plenamente consciente. La menor tuvo que seguir tratamiento médico durante aproximadamente un año.
En noviembre de 2022, un juzgado acordó imponerle una orden de alejamiento y le prohibió cualquier tipo de comunicación con sus hijas, cuya custodia quedó atribuida en exclusiva a la madre.