El Parlamento Europeo ha decidido este martes retirar la inmunidad parlamentaria al líder de Se acabó La Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, después de que el Tribunal Supremo reclamara autorización para procesarle por el presunto acoso a través de redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.
Mediante una votación a mano alzada en la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo (Francia), la Eurocámara ha dado su visto bueno al suplicatorio remitido por el Supremo en mayo de 2025, en el que solicita investigar y juzgar a ‘Alvise’ como supuesto responsable de un delito de acoso o de “stalking”, así como de delito de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio mediante publicaciones en plataformas digitales.
La resolución del pleno llega apenas una semana después de que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo recomendara suspender la inmunidad del eurodiputado, al considerar que los hechos por los que el Supremo pretende investigarle “no constituyen una opinión expresada o un voto emitido” en el ejercicio de su mandato.
En su informe, la comisión recuerda que la finalidad de la inmunidad parlamentaria “consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados” frente a actuaciones judiciales relacionadas directamente con las tareas desempeñadas como eurodiputados y concluye que la investigación por presuntos delitos de odio no vulnera sus “privilegios y las inmunidades”.
Una vez confirmado el respaldo del pleno a levantar la protección parlamentaria del dirigente de Se Acabó la Fiesta, la causa que el Tribunal Supremo instruye contra ‘Alvise’ por presuntos delitos de odio y discriminación contra Susana Gisbert podrá proseguir con su declaración ante el alto tribunal.
Cinco procedimientos abiertos contra ‘Alvise’ en el Supremo
Junto a la causa por el supuesto hostigamiento en redes a Susana Gisbert, el Tribunal Supremo mantiene otras cuatro investigaciones abiertas sobre ‘Alvise’, entre ellas una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su formación, para la que también se ha cursado un suplicatorio a la Eurocámara.
En este procedimiento, el alto tribunal analiza el origen de los 100.000 euros que habría recibido ‘Alvise’ del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, con vistas a la campaña de las elecciones europeas de 2024. Si el Parlamento Europeo concede igualmente la autorización, el Supremo podrá ampliar la investigación al eurodiputado por estos hechos.
Además, ‘Alvise’ está siendo investigado en otra causa por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y en un procedimiento más reciente por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron en las listas de SALF a esos comicios europeos y que posteriormente rompieron con el partido.
La quinta causa que el Supremo mantiene abierta contra el líder de SALF se incoó el pasado 19 de marzo a raíz de una querella presentada por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, que le atribuye un presunto delito de amenazas.