El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, ha considerado que la “predisposición” del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes para apoyar una moratoria en la puesta en marcha de los tribunales de instancia es “una medida acertada”, aunque ha reclamado una “monitorización del proceso” con el fin de evitar posibles “disfunciones”.
González se ha expresado en estos términos durante un encuentro informativo celebrado este martes en la sede de la Abogacía, en Madrid, en el que ha estado acompañado por Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, la secretaria general Encarna Orduna y la vicesecretaria general, Marga Cerro.
El dirigente ha señalado que los consejos de la abogacía de las comunidades autónomas se han puesto “a disposición del Ministerio” para procurar que esta “transición” repercuta “en la menor medida posible a la justicia y al acceso a ella”. La tercera y última fase de la implantación de los tribunales de instancia está prevista a partir del 31 de diciembre.
Además, ha reclamado que se escuche “a todos los colectivos” del ámbito judicial con el objetivo de lograr “una gestión del cambio más ordenada”.
En este contexto, ha recordado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convocado para el 22 de diciembre la Conferencia Sectorial de Justicia, en la que el Ministerio se reunirá con las comunidades autónomas con competencias transferidas para analizar la implementación de los tribunales de instancia.
En esa misma línea, el ministro anunció que Justicia “apoyará” a las autonomías que pidan una “prórroga breve” de la última fase de constitución de estos órganos.
El derecho a la tutela judicial, “gravemente erosionado”
Por otro lado, González ha denunciado que el derecho a la tutela judicial efectiva está “gravemente erosionado” debido a la ausencia de criterios claros para la fijación de costas en las resoluciones judiciales.
Ha subrayado que los ciudadanos no pueden acceder “libremente” y “con conocimiento de sus consecuencias” a un procedimiento judicial, ya que no se les puede informar con precisión de las costas a las que podría ascender una eventual condena, lo que, a su juicio, constituye el problema “principal” de la abogacía en la actualidad.
El presidente ha rememorado que, tras una sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno aprobó la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que reconoce, entre otros aspectos, el derecho de los ciudadanos a conocer el importe de una posible condena en costas.
Esta situación ha abierto un conflicto entre la Abogacía y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en torno a la fijación de unos “criterios objetivos orientativos”.
Según ha explicado, la CNMC insiste “en tratar esta cuestión como un tema de competencia y libre mercado”, lo que, en su opinión, provoca un “entorpecimiento de la justicia” porque el ciudadano “no puede entender” que no se le facilite una cifra “muy aproximada” de las costas del procedimiento que pretende iniciar. González ha mostrado su confianza en que el problema se resuelva “pronto”.
En este punto, la decana de la Abogacía de Barcelona ha añadido que los ciudadanos “no pueden valorar el riesgo” de iniciar un litigio y ha recordado que han presentado un recurso de casación ante el Supremo contra una sanción impuesta en 2018 por la CNMC a su Colegio por difundir unos criterios de tasación de costas que, en la práctica, se aplicaban como baremos de honorarios.
Los mutualistas, un asunto “de máxima urgencia”
González también se ha referido a la situación de los mutualistas, que reclaman percibir una pensión pública pese a haber cotizado en sus mutualidades profesionales.
“Lamentablemente, todo parece indicar que, salvo sorpresa de última hora, el año va a terminar sin un acuerdo sobre este tema, a pesar de los enromes esfuerzos hechos desde la Abogacía”, ha señalado el presidente.
Ha reiterado que se trata de una cuestión “de máxima urgencia” que exige “altura de miras por parte de todos los partidos para alcanzar un acuerdo consensuado” y ha estimado en unos 5.000 los profesionales afectados.
Asimismo, ha puesto en valor la aprobación de los presupuestos del Consejo General de la Abogacía para 2026, que han salido adelante con un 96% de votos favorables, algo que, según ha dicho, “demuestra la unidad de la abogacía” y el respaldo al “proyecto de modernización”.
González ha precisado que las cuentas se orientan “la formación y la digitalización de la profesión”, con especial atención a “la mejora del acceso a los servicios tecnológicos” por parte de los colegiados.