El prestamista Antonio Arroyo ha negado ante el tribunal haber engañado a decenas de personas a través de una presunta red de préstamos hipotecarios articulada en los años más duros de la crisis económica. Con su versión, se distancia del relato de dos acusadas que le señalan como supuesto responsable principal de la operativa, al atribuirle la organización del sistema y la redacción de la documentación que firmaban las víctimas.
Desde hace dos semanas, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid se sientan ocho personas y varias sociedades mercantiles, a las que se atribuye su participación en una presunta estafa hipotecaria continuada desarrollada entre 2006 y 2012 y que habría afectado a numerosas personas en una situación de gran precariedad económica.
El principal acusado y las penas solicitadas
El acusado central es Antonio Arroyo, considerado entonces el mayor prestamista de España, que rechaza los delitos que se le imputan. Decenas de familias sostienen que resultaron perjudicadas por préstamos con condiciones engañosas.
La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de estafa agravada y pide para Arroyo una condena de ocho años de prisión y una multa de 24 meses, así como penas de hasta siete años de cárcel para varios de los intermediarios. Para otros procesados, las solicitudes de condena alcanzan los cuatro años de prisión.
Junto a las penas de cárcel, se reclaman cuantiosas responsabilidades civiles, tanto de forma personal como subsidiaria a las empresas implicadas, con el fin de compensar a las víctimas por las cantidades que se fijen en la fase de ejecución de sentencia.
La versión de Arroyo sobre los préstamos
En su declaración, Antonio Arroyo ha defendido que se informaba a los clientes de cómo funcionaba la operativa y que comprobaba si entendían las condiciones de los préstamos. “Se les detallaba el dinero, el plazo de entrega, el interés, en qué consistiría la hipoteca, que se hipotecaba su casa y que en seis meses el interés subirá al 29%”, ha expuesto ante el tribunal, añadiendo, sin admitir engaño alguno, que “si se firmaba es que cabía la posibilidad de que se pudieran pagar”.
Intermediarias admiten el engaño
Durante la vista oral, varios acusados han reconocido distintos aspectos del funcionamiento interno de la operativa. Una de las procesadas ha relatado que trabajaba como intermediaria entre Antonio Arroyo, que aportaba el capital, y los clientes que buscaban “dinero rápido” y “fácil” después de no lograr financiación en los bancos.
Según su testimonio, recibía peticiones de personas, en su mayoría de fuera de Madrid, a las que solicitaba documentación sobre sus ingresos y descartaba los casos que consideraba inviables. El resto de expedientes se remitían a los responsables de la organización, que decidían “en pocos días”, tras lo cual se citaba a los clientes en la notaría para formalizar la operación.
Ha explicado que se indicaba a los solicitantes que se trataba de una operación de capital privado que les serviría como paso previo para acceder en breve a un crédito hipotecario bancario, algo que ha reconocido que “no era real en ese momento”.
También ha admitido que conocía que las cantidades realmente entregadas no coincidían con las que figuraban en las escrituras que se firmaban. Pese a ello, ha insistido en que los clientes estaban al tanto de las condiciones y de los intereses —que podían llegar al 29%— porque constaban por escrito y podían formular preguntas.
La acusada ha reconocido igualmente que, cuando los clientes se quejaban después por no recibir lo prometido o por no obtener la hipoteca anunciada, ella “les daba largas”. “Lo sabíamos todos, era la forma de operar”, ha manifestado en la sala.
Además, ha señalado que una persona vinculada a la trama se presentaba como directivo de una entidad bancaria para reforzar la apariencia de solvencia y credibilidad de las operaciones. Este implicado, en su declaración, ha rechazado esa versión a preguntas de su defensa.
Interrogada por la fiscal, otra de las acusadas ha asegurado que era “absolutamente consciente” del error al que inducían a los perjudicados, del engaño que implicaba la operativa y de que los clientes no llegarían a obtener un préstamo hipotecario.
Más procesadas reconocen irregularidades
Otra procesada ha admitido que también actuaba como intermediaria y que sabía que lo que se ofertaba a los clientes no se correspondía con lo que finalmente firmaban ante notario.
Ha indicado que era consciente del engaño al que se sometía a los afectados y de que se generaba una apariencia de veracidad para facilitar la contratación. En su declaración, ha reiterado que Antonio Arroyo era quien organizaba la operativa y redactaba la documentación que se suscribía.