La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife iniciará el próximo día 22, con un tribunal del jurado, el primer juicio de las tres piezas en que se divide el conocido como “caso Mediador”, centrado en la supuesta trama vinculada a la instalación de placas fotovoltaicas en distintas islas del archipiélago.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se pide una condena de un año de prisión por un presunto delito de cohecho para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.
La vista oral está prevista inicialmente para cuatro jornadas, destinándose el primer día a la exposición de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y las defensas.
El Ministerio Público detalla que Bautista contactó con Navarro Tacoronte por los supuestos vínculos de este último con el entorno empresarial y con cargos públicos en Canarias, ya que se presentaba como una persona “integrada” en el Gobierno autonómico, pese a conocer que “carecía” de cualquier representación formal o responsabilidad dentro del Ejecutivo regional.
De acuerdo con el relato fiscal, Navarro ofrecía la posibilidad de cerrar contratos con entidades de relevancia en el tejido empresarial y aseguraba poder facilitar la concesión de subvenciones a favor de la compañía de Bautista, además de la firma de “lucrativos contratos” con la administración pública.
Para reforzar su credibilidad ante los empresarios, a los que reclamaba “comisiones, dádivas o regalos”, organizaba encuentros con figuras influyentes del ámbito político y económico, entre ellas el general de la Guardia Civil, que, según la acusación, actuaba de forma coordinada con Navarro y se valía de que durante cuatro años había sido una de las principales autoridades del instituto armado en Canarias.
Algunas de estas reuniones se celebraron en la Península con el objetivo de ganarse la confianza de Bautista y proyectar una “imagen de seriedad y poder”, de manera que el empresario llegara a creer que “accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas”.
Estos encuentros tenían lugar habitualmente en restaurantes, donde el empresario “siempre asumía el pago de los gastos”, resalta la Fiscalía. A partir de ahí comenzaron los primeros obsequios al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, así como regalos al mediador, incluidos distintos viajes.
Pagos, regalos y promesas de contratación
Con el paso del tiempo, las peticiones del general y del mediador se intensificaron. Entre ellas, se habría reclamado la contratación en las empresas de Bautista de determinadas personas, “concretamente la novia del general con un sueldo mensual de 3.000 euros”, además de la promesa de incorporar al propio general a la plantilla una vez que se jubilara.
La acusación sostiene que el empresario llegó a entregar casi 20.000 euros en sobres y en efectivo tanto al general como al mediador para favorecer sus objetivos comerciales.
Con la finalidad de “impresionar” a otros posibles empresarios a los que pretendían atraer a la trama, algunas reuniones se celebraron en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde eran recibidos por el actual exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, investigado en otras ramas del procedimiento.
La Fiscalía añade que Bautista costeó al general y a una acompañante un viaje a Canarias que incluía el pago del hotel, el alquiler de un vehículo y una cantidad adicional en metálico.
El empresario llegó a presentar hasta cuatro proyectos para la instalación de placas fotovoltaicas a ganaderos de Fuerteventura, aunque finalmente ninguna de las propuestas llegó a materializarse.