Claudio Rivas, propietario de Villafuel --la compañía situada en el centro de la presunta red de hidrocarburos investigada en la Audiencia Nacional--, ha optado por no responder a las preguntas de las partes en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, amparándose en su condición de investigado en esa otra causa.
“No voy a contestar”, ha sido la escueta respuesta de Rivas, citado este lunes como testigo, tanto a las acusaciones como a las defensas, manteniendo la misma negativa ante todas las cuestiones planteadas en la vista en la que se sientan en el banquillo el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
El presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, le ha recordado que la ley le reconoce el derecho a “no declarar y a no confesarse culpable” al estar imputado por hechos de naturaleza similar, si bien le ha exhortado a “decir la verdad”.
Durante el turno de preguntas de Alberto Durán, abogado del PP y responsable de la acusación popular, Martínez Arrieta ha instado a las partes a evitar nuevas cuestiones orales y a que formulen por escrito aquellas preguntas que deseen que queden incorporadas al procedimiento.
Otro socio de Aldama rehúsa contestar en la vista
En una situación prácticamente idéntica, Javier Serrano, socio de Aldama e igualmente investigado en la Audiencia Nacional, ha rechazado responder a las preguntas de las partes. El presidente del tribunal ha insistido en que se siguiera el mismo criterio aplicado con Rivas.
Ante ello, el fiscal jefe de Anticorrupción ha solicitado que se proyectara la grabación de la declaración testifical que Serrano prestó en fase de instrucción, con el fin de preguntarle si se ratificaba en aquellas manifestaciones.
La letrada del exasesor, Leticia de la Hoz, ha defendido que “no hay contradicción” porque no se trata de que Serrano desmienta lo dicho en la instrucción, sino de que “se acoge a su derecho de no declarar”.
El tribunal ha interrumpido la sesión durante unos diez minutos para deliberar y, finalmente, ha respaldado la petición de la Fiscalía. Así, en el Salón de Plenos se ha reproducido la grabación de la testifical de Serrano ante el magistrado instructor Leopoldo Puente.
Tras la emisión, Martínez Arrieta le ha preguntado si deseaba hacer “algún complemento o alguna anotación” a lo ya declarado, a lo que Serrano ha vuelto a responder de forma negativa.
Un empresario alertó a Ábalos sobre las actividades de Rivas
En otra comparecencia, el empresario Manuel Salles ha explicado como testigo que remitió un correo electrónico al exministro en enero de 2022 para advertirle de que “los defraudadores del combustible” estaban “haciendo fechorías”. “Por suerte me habéis hecho caso”, ha señalado.
En ese mensaje, que también envió a Israel Pilar Ortiz, otro socio de Aldama, se podía leer: “Villafuel no va a ser operadora, por mucho que esponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las Torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento”.
Salles ha añadido que el responsable de la operadora de hidrocarburos “iba con un recibo de Ábalos” en un restaurante, aunque ha precisado que desconocía su contenido. Según su versión, Rivas presumía de que obtendrían la licencia gracias a la “influencia” de la que disponían, algo que a Salles le “sentó mal”.
“Yo, por lo poco que llegué a conocer tanto a Ábalos como a Koldo, les vi gente muy normal”, ha declarado el empresario, que también figura como investigado en la Audiencia Nacional en una causa relacionada con hidrocarburos.
Salles ha afirmado que le parecía “injusto lo que se estaba hablando del señor Ábalos” y que por ese motivo decidió escribirle. En este contexto, ha celebrado que Villafuel no lograra la licencia: “Yo le dije a Ábalos: 'Mira, me parece bien que no le deis esta licencia'”.
Asimismo, el empresario ha negado haber viajado a Canarias con Koldo para mantener una reunión con el entonces presidente autonómico y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el objetivo de negociar o impulsar negocios de depósitos fiscales vinculados a hidrocarburos. “Es más, no sé ni cómo funciona”, ha remachado.