El PSOE de Madrid impugnará el archivo de la causa contra Ana Millán por los contratos en Arroyomolinos

El PSOE madrileño recurrirá el archivo judicial de la causa contra Ana Millán por supuestos contratos irregulares cuando era concejala en Arroyomolinos.

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El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Rafael Bastante - Europa Press

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El PSOE de Madrid ha anunciado que presentará recurso contra la decisión judicial que archiva la investigación sobre la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP madrileño, Ana Millán, por los presuntos contratos irregulares adjudicados cuando ejercía como concejala en Arroyomolinos.

El secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha avanzado este paso a su llegada a la inauguración del Congreso Aslan2026, celebrado en Ifema Madrid.

"Es el último prodigio de la justicia en relación con el PP de Madrid, son muchos años de prodigios", ha ironizado López, que ha cuestionado además si Millán se verá "con fuerzas para seguir presionando a mujeres para que no denuncien, como ha sido en el caso de Móstoles".

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, ha acordado el archivo de la causa que se seguía contra la también exalcaldesa de Arroyomolinos por la presunta comisión de delitos de corrupción vinculados a supuestos contratos irregulares durante su etapa como edil.

Según se detalla en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, se declara el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias, una resolución frente a la que todavía es posible interponer recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación.

En línea con el criterio de la Fiscalía, la jueza sostiene que procede acordar el sobreseimiento provisional respecto de los investigados Millán Arroyo y Francisco Roselló "al no quedar acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

"De las diligencias practicadas no ha quedado acreditado la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho ni de tráfico de influencias ni fraude contra la Administración Pública", señala la resolución judicial.

La magistrada concluye que no se ha probado "de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran de algún modo del hecho de que la investigada fuera concejal en ese momento".