El PSOE-M ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso contra la autorización del centro universitario promovido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El recurso contencioso-administrativo ha sido registrado por dos diputados autonómicos socialistas que, según recoge el escrito adelantado por “Cadena SER” y consultado por Europa Press, forman parte del ICAM.
Con anterioridad, los socialistas ya habían planteado un recurso de reposición ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid contra la creación de este centro.
En aquel momento sostenían que se infringían el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales, al haberse habilitado el propio Colegio para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados en julio, cuando estos solo pueden “impartir formación de posgrado, no grados universitarios”.
“ICAM Universidad” se constituyó formalmente el 14 de noviembre, tras la publicación en el Boletín Oficial de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en el primer centro universitario en España promovido por un Colegio Profesional.
Además, desde el PSOE subrayaban la “cuanto menos sospechosa coincidencia temporal” entre la autorización definitiva del centro y “el papel del ICAM como acusación particular” en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, procedimiento que concluyó con sentencia condenatoria e inhabilitación.
Paralelamente a la impugnación socialista, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) comunicó en diciembre su decisión de recurrir la creación de este centro universitario, alertando de que es “un error dar ese paso”.
El ICAM, por su lado, defendió en un comunicado difundido en diciembre que el proyecto universitario del Colegio es previo a la denuncia contra el fiscal general del Estado, a la querella por revelación de secretos y al posterior juicio ante el Tribunal Supremo, situando su origen en 2022.
Asimismo, remarcaba que la autorización de la adscripción ha llegado tras una tramitación prolongada, entre 2023 y 2025, con “sucesivos informes de órganos académicos, técnicos y de calidad, siguiendo estrictamente el procedimiento legalmente previsto y aún pendiente de la futura autorización de inicio de actividades y de nuevas evaluaciones externas”.
“El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de 'pago de servicios' en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”, concluía la nota.