El PSOE ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del “caso Koldo” un pen drive donde se recoge el listado detallado y los justificantes de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 a dirigentes, empleados y simpatizantes del partido.
Así se refleja en una diligencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 deja constancia de que la formación socialista ha hecho llegar al tribunal “un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pen drive”, documentación que había sido requerida por el magistrado Ismael Moreno.
El juez de la Audiencia Nacional acordó en noviembre abrir una pieza separada para indagar en esos desembolsos en efectivo. Lo hizo a petición del magistrado del Tribunal Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García se hubieran aprovechado de la falta de controles internos en el PSOE en la devolución de gastos anticipados para blanquear fondos procedentes de sus presuntas actividades ilícitas.
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción señaló la posible existencia de un delito de desfalco contra la propia organización política, entre “otras irregularidades”.
Por estos motivos, Moreno reclamó al PSOE la “relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos” correspondientes al periodo 2017-2024, sin concretar más requisitos.
Desde la dirección socialista se trasladó al juez su voluntad de colaborar con la Justicia en todo lo necesario, aunque advirtió de que, si se entregaba la documentación completa, podrían producirse “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” al incluirse “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”.
El PSOE pidió además al magistrado que toda esa información, ya remitida, se incorpore a una pieza declarada secreta, de acceso exclusivo para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que “es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso” a la obligación legal de mantener la reserva.