El PSOE ha pedido este lunes a la Audiencia Nacional (AN) que se paralice el arranque del juicio por la 'Operación Kitchen' —el supuesto dispositivo impulsado desde la cúpula del Ministerio del Interior para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas— con el fin de que se retome la investigación sobre la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quienes están citados en esta vista como testigos.
La petición la ha formulado la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, en el turno de cuestiones previas de la primera sesión del juicio. En su intervención, ha reclamado que se deje sin efecto el auto de apertura de juicio oral mediante la “retracción de las actuaciones” en lo relativo a la línea de investigación que fue sobreseída y por la que ambos llegaron a ser imputados inicialmente.
De este modo, ha insistido en la conveniencia de profundizar en la “conexión política” de la presunta operación y de reabrir las diligencias respecto a Cospedal y su esposo, que fueron investigados en 2021 y cuya causa se archivó posteriormente.
“Considero que tiene que haber aquí otras personas”, ha manifestado la letrada, que también ha solicitado que se incorporen como prueba tres archivos de audio localizados por la Policía Judicial, entre los que figurarían conversaciones telefónicas entre la exdirigente ‘popular’ y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en este procedimiento.
De Pascual ha afirmado que Cospedal “fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno”, Mariano Rajoy, del “éxito de la operación de destrucción de pruebas”.
Asimismo, la representante legal del PSOE ha pedido al tribunal que llame al PP como partícipe a título lucrativo al entender que “es beneficiario de la actividad objeto de juicio”, o, de forma alternativa, “se le traiga” como responsable civil subsidiario.
Debate sobre la relación entre Kitchen y Tándem
En paralelo, el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, Jesús Mandri, ha reclamado la “nulidad parcial” del auto que ordenó la apertura del juicio oral.
El defensor ha sostenido que “no hay ningún indicio” de que el asalto al domicilio de Bárcenas en 2013 estuviera “directamente relacionado con la 'Operación Kitchen'” y ha pedido que ese episodio se investigue de forma separada.
Igualmente, ha solicitado que se declare la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos, al apreciar “una falta absoluta de conexidad” entre la causa principal, el 'caso Tandem', y la pieza separada 'Kitchen'.
Según ha expuesto, mientras Tándem es “la investigación de una presunta red de corrupción en torno al señor Villarejo, quien, presuntamente, valiéndose de su condición de policía o agente en activo, ofrecía servicios a clientes privados a cambio de un precio”, Kitchen se referiría a un supuesto “operativo parapolicial” organizado desde Interior para “sustraer determinada información comprometedora” para dirigentes del PP que pudiera obrar en poder de Bárcenas.
“Ya nos dirán las acusaciones cuál es la conexidad o similitud de estos hechos. Absolutamente ninguna. El único denominador común que hay es que el señor Villarejo ha estado y está investigado y acusado en ambos procedimientos judiciales. Absolutamente nada más”, ha defendido Mandri.
Denuncia de vulneración de derechos de Fernández Díaz
El letrado ha denunciado la “vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías” que, a su juicio, habría padecido su cliente por la “injustificada adopción y prolongación del secreto en esta causa”, que, según ha precisado, se mantuvo durante dos años y seis meses.
Mandri ha pedido la anulación de “absolutamente todos los autos”, así como de “todas las diligencias que se han practicado bajo esta situación de secreto”. Ha sostenido que “se estuvieron practicando diligencias a espaldas de las defensas”, y ha explicado que, por ello, Fernández declaró con “la creencia absoluta de que era todo claro y transparente” y de que contaba con “acceso a toda la información y a todas las diligencias cuando esto no era no era no era así”.
“Cuando se alza el secreto nos encontramos con todos los elementos que le incriminan” y, al mismo tiempo, “se acuerda su imputación”, ha indicado el abogado, que ha censurado no haber podido hacer “absolutamente nada”, ni “intervenir” ni “pedir alguna diligencia”, “pese a que los elementos que luego justificaron su imputación estaban incorporados seis meses antes de que se alzara el secreto”.