El PSOE ha solicitado este lunes a la Audiencia Nacional que se decrete prisión provisional para el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016, al apreciar riesgo de fuga antes del inicio del juicio, fijado para el 6 de abril, sobre la “Operación Kitchen”, el supuesto dispositivo parapolicial dirigido a sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE reclama igualmente prisión preventiva para el comisario Andrés Gómez, también procesado, con el fin de asegurar su presencia en el juicio y “garantizar el normal desarrollo de la vista oral y la efectividad de una eventual sentencia condenatoria”.
La acusación popular, ejercida por los socialistas, sostiene que no se ha llevado a cabo una investigación suficiente sobre la capacidad económica de los acusados o, en su caso, no se les ha permitido acceder a esos datos.
El PSOE subraya que a Martínez se le atribuyen delitos castigados con penas que superan “sobradamente” los dos años de prisión, entre ellos presunta malversación, pertenencia a organización criminal, delitos contra la intimidad, revelación de secretos o cohecho.
Además, recalcan que el ex secretario de Estado está casado con una ciudadana mexicana y que “viaja habitualmente a México por motivos familiares”, circunstancia que, a juicio de la acusación, incrementa el riesgo de fuga.
En el mismo escrito se recuerda que Martínez figura igualmente investigado por su presunta integración en una organización criminal dedicada a realizar ciberataques contra bases de datos de la Administración Pública, causa en la que permaneció en prisión preventiva hasta junio de 2025, y que también está siendo investigado en el caso de la “policía patriótica” contra el partido Podemos.
Sospechas sobre su situación económica
Por todo ello, los socialistas consideran que “presuntamente tendría una trayectoria delictiva que abarcaría desde el año 2013 hasta 2025, fecha de su última detención e ingreso en prisión”.
El escrito incide asimismo en que, pese a todas estas causas abiertas, Martínez continúa en activo como funcionario público, en calidad de letrado de las Cortes. El PSOE afirma que resulta “difícil de explicar cómo se compatibilizan los frecuentes viajes transnacionales, las cargas familiares y el coste de la defensa letrada en tres causas penales de especial complejidad con la percepción de un sueldo público que, conforme al régimen de incompatibilidades, difícilmente puede complementarse con actividades privadas”, por lo que desliza la sospecha de que el ex alto cargo pueda contar con otras fuentes de ingresos.
En paralelo, el PSOE reclama también prisión provisional para el comisario Gómez Gordo, igualmente acusado en el procedimiento, al entender que concurre un riesgo de fuga agravado por “la previsión de una pena de inhabilitación, ya concretada en una resolución judicial”, lo que “comporta la práctica anulación de su vínculo profesional con el territorio nacional” como miembro de la Policía y “eliminando uno de los principales elementos de sujeción al proceso y reforzando el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia”.
Los socialistas cuestionan, además, cómo el comisario “puede hacer frente al coste de su defensa letrada en varias causas penales de especial complejidad” con sus ingresos como funcionario, por lo que apuntan a que podría contar con “fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas”.