El PSOE ha solicitado personarse como acusación popular ante los juzgados de Valdemoro en una de las causas abiertas por los protocolos de derivación de residentes durante la pandemia. En su escrito, reclama que comparezcan como testigos la actual consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales y entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, y el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.
La investigación se centra en la aplicación de estos protocolos y en la posible existencia de un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios, recogido en el artículo 511 del Código Penal.
En este procedimiento figuran como investigados el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, así como el coordinador de los geriatras que elaboraron los protocolos y su sustituto en el cargo, Javier Peromingo.
Junto a la personación, el PSOE ha presentado una ampliación de denuncia dirigida contra “todas aquellas autoridades, funcionarios o particulares que pudieran resultar responsables de los hechos investigados”. A juicio del partido, los hechos podrían encajar también en delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la causa judicial examina los fallecimientos producidos en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad donde se aplicaron los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid en los meses más duros de la crisis sanitaria.
El PSOE sostiene que se trata de un asunto de claro interés general, al afectar a colectivos especialmente vulnerables y a decisiones adoptadas desde los poderes públicos que podrían acarrear responsabilidades penales.
El partido fundamenta su legitimación en el artículo 125 de la Constitución Española, que consagra la acción popular, y recuerda que ya está personado como acusación popular en otros procedimientos relacionados con la gestión de residencias durante la pandemia.
Solicitud de nuevas diligencias
En el mismo escrito, el PSOE interesa la práctica de diversas diligencias de investigación. Entre ellas, reclama la declaración como testigos del exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, la actual consejera Ana Dávila, la exdirectora general de Atención al Mayor Begoña Cortés, así como representantes de asociaciones empresariales, entidades de discapacidad, Médicos Sin Fronteras y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Del mismo modo, pide que presten declaración en calidad de investigados los presuntos redactores de los protocolos de derivación, entre ellos Carlos Mur, Javier Peromingo, el exasesor sanitario Antonio Burgueño y la geriatra María Teresa Vidán.
El PSOE solicita además que el juzgado requiera a la Consejería de Sanidad el envío completo del expediente administrativo sobre la elaboración y aplicación de los protocolos, junto con las comunicaciones internas entre las consejerías implicadas.
Igualmente, reclama que se incorporen a la causa audios y transcripciones de llamadas realizadas por familiares de residentes al teléfono de emergencias durante marzo y abril de 2020, así como correos electrónicos de altos cargos sanitarios vinculados con la gestión de las residencias y el uso del hospital de Ifema.