La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha presentado este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia “tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal”, un caso que ha calificado como “escándalo del reparto de pisos que salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala”.
Barceló sostiene que el procedimiento “ha incluido, al menos, la adjudicación de vivienda pública” a la exconcejal de Urbanismo ya dimitida, Rocío Gómez, así como a un arquitecto del consistorio y a “familiares de una directora general nombrada por el propio alcalde”, en alusión a María Pérez-Hickman, que también abandonó su puesto la semana pasada.
Según ha manifestado, “el gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal”.
La dirigente socialista ha subrayado: “Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad. Cuando hablamos de suelo público y vivienda protegida hablamos del interés general, y cuando ese derecho se puede haber visto vulnerado, acudimos a Fiscalía”.
En un comunicado, el PSPV afirma que “los hechos ocurridos bajo el mandato de Barcala podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la administración y fraude de ley con relevancia penal”.
Barceló considera que “es lamentable que en una ciudad que tiene tantos problemas de acceso a la vivienda estemos hablando hoy de la comisión de hasta cinco presuntos delitos para beneficiar a personas que han podido estar vinculadas al gobierno de Barcala”.
“SABER QUÉ HA PASADO Y POR QUÉ”
En esta misma línea, ha remarcado: “Cuando una promoción de vivienda pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo pueden necesitar acaba beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al PP, nos vemos obligados a pedir que se abra una investigación judicial. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y por qué”.
La portavoz socialista ha insistido en sus exigencias: “Seguimos exigiendo al alcalde que dé explicaciones públicas y que convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación. Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal”.
Por último, ha concluido que “la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general no es suficiente. Confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de la polémica mediática. Por tanto, se deben dirimir responsabilidades”.