El Tribunal Supremo ha comenzado este martes la vista oral contra el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas tramitados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, han sido conducidos en furgón policial desde la cárcel de Soto del Real (Madrid). Aldama, único de los tres que permanece en libertad, ha accedido al alto tribunal a pie acompañado por su letrado.
Los tres procesados prestarán declaración al término de la vista, previsiblemente el próximo 28 de abril. En esta primera sesión están citados como testigos un hijo de Ábalos, un hermano de Koldo, varios socios de Aldama y una expareja del exministro, Jéssica Rodríguez.
El exministro, su exasesor y el empresario afrontan trece jornadas de juicio repartidas en cuatro semanas, hasta finales de abril. Han sido situados en el Salón de Plenos, escenario del juicio del 'procés', en una fila posterior a la de sus respectivos defensores.
Ábalos y Koldo, que en sus escritos de defensa sostienen no haber cometido delito alguno, se han sentado juntos, custodiados por agentes que los separan de Aldama en el banquillo.
Acusación de ánimo de lucro
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ábalos, Koldo y el empresario "convinieron" aprovechar la posición institucional del entonces ministro, nombrado en junio de 2018 al frente de Fomento, después Transportes.
El fiscal jefe, Alejandro Luzón, afirma que se coordinaron para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico", la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, todo ello con "ánimo de enriquecimiento".
En su escrito, Anticorrupción subraya que los tres "acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando" y resalta que contaron con el apoyo, puntual o continuado, de otras autoridades y funcionarios de Transportes, así como de personas del entorno empresarial de Aldama y de familiares de Koldo.
La Fiscalía incide en que la presunta trama nació "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida" de Ábalos y Koldo del Ministerio en julio de 2021.
Penas de hasta 30 años de prisión
Para Luzón, esa "cohesión" entre los tres "no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación" a Aldama de una "interlocución privilegiada" con Transportes y "otros departamentos ministeriales", además de "diferentes administraciones públicas".
Por estos hechos, Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, junto con una multa conjunta de 3,8 millones de euros.
Para Aldama pide 7 años de prisión y una sanción económica de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, lo que le permite aplicar la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario y supuesto conseguidor solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
"El jefe" y el "alter ego"
Según el relato fiscal, cada uno de los acusados "asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz", y detalla que tanto Koldo como Aldama "consideraban" a Ábalos como "el jefe".
Luzón explica que el exministro "aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa", y que para el resto de gestiones se apoyaba en Koldo como "su hombre de confianza".
A juicio de la Fiscalía, Koldo terminó siendo "más en asistente que en asesor", al asumir para Ábalos numerosas tareas, profesionales y personales, "lícitas e ilícitas", antes y después de su etapa al frente del Ministerio, que se prolongó tres años.
"Koldo García fue el 'alter ego' de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor", resume Luzón.
El fiscal destaca en concreto que "Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama".
La "interlocución privilegiada" de Aldama
En cuanto a Aldama, Anticorrupción lo describe como "un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos", subrayando su "acceso preferente" al exministro.
Esa "interlocución privilegiada" le habría permitido conocer de primera mano las necesidades de adquisición de material sanitario en plena crisis del Covid, localizar la empresa adecuada y diseñar la oferta para lograr los contratos, primero en Transportes y sus entes dependientes y, posteriormente, en las administraciones canaria y balear.
La Fiscalía sostiene que Aldama "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo".
Luzón detalla las supuestas contraprestaciones que habrían recibido por parte de Aldama y sus socios, comenzando por "el pago continuado de elevadas cantidades de dinero" --10.000 euros mensuales-- y siguiendo con alquileres de viviendas para ellos o sus parejas, algunas de ellas también sufragadas por empresas públicas.
Más de 70 testigos ante el Supremo
Hasta el próximo 30 de abril, más de 70 personas están citadas para declarar como testigos ante el tribunal, presidido por el titular de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
Entre los comparecientes figuran el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que durante la pandemia presidían las comunidades de Canarias y Baleares, respectivamente, que adquirieron mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. En su caso, el tribunal ha autorizado que declaren por escrito, sin desplazarse, como permite la ley.
El tribunal que enjuiciará la causa estará integrado por los magistrados Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.